Por Joel Morales
El Informador
GRAND RAPIDS, MI
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En el 2015, una familia migrante del estado de Texas, cuyos cinco integrantes piscaban espárragos en el Condado de Oceana, que queda a unas 80 millas al noroeste, estaba ganando de 13 a 15 centavos por libra, lo que terminaba siendo menos de $4 por hora o menos del salario mínimo de $7.25 y $8.15 en ese tiempo.
La familia sometió una queja de salario con la división de Salario y Horario del Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios (LARA sus siglas en inglés). En febrero del año pasado, LARA investigó la queja y negó pagarle el salario mínimo a la familia hispana, declarando que el trabajo por pieza y los obreros que trabajaban en granjas pequeñas, ya están excluidos del salario mínimo federal, y también están excluidos del salario mínimo de Michigan.
Aunque el gobernador Rick Snyder en junio del pasado año clarificó en una orden ejecutiva, que la agencia tenía la autoridad de regular provisiones de la ley sobre el salario mínimo, LARA le informó a los Servicios Legales del Campesino en Michigan, que no piensa cambiar su interpretación de la ley.
El martes, 10 de enero, personas de Migrant Legal Aid, el Departamento de Derechos Civiles de Michigan, Servicios de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Michigan y Asuntos Migrantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se reunieron en las oficinas de la ayuda legal para migrantes, ubicadas en el 1104 de la avenida Fuller NW en Grand Rapids, donde discutieron cómo la nueva interpretación podría afectar a los trabajadores campesinos y cómo informarles a aquellos que vienen a Michigan a las cosechas de las frutas y vegetales.
La abogada Teresa Hendricks, de Migrant Legal Aid, compartió experiencias de familias migrantes y de los abusos y prácticas de discriminación que todavía existen hoy día en los campos agrícolas en Michigan, entre otros. También de unos campesinos que representó y que trabajaban en la “blueberry”, cuyo patrón apuntó un revolver a la cara de los padres de unos niños pequeños que tiraban piedras en dirección de su camioneta, y quien nunca enfrentó cargos por ello.
“¿Imagínense si mis clientes hubieran apuntado un arma al cultivador?”, preguntó Hendricks.
La abogada también compartió como un granjero de Covert, Michigan, quien no le pagaba el salario mínimo a sus trabajadores ni respetaba sus derechos, era una persona que les decía, “Eres un indocumentado, yo tengo un abogado de $10,000. ¿Qué vas a hacer?”
Hendricks dijo que, a través de las oficinas de Migrant Legal Aid, han podido recobrar 2 millones de dólares hasta la fecha, que se convierte en aproximadamente 275,000 horas de trabajo, por las cuales los trabajadores de los campos no habían sido compensados.
Martha González-Cortes, directora de relaciones comunitarias para el Departamento de Derechos Civiles del Estado de Michigan, aplaudió el trabajo de Hendricks y Migrant Legal Aid.
“Defensores de los campesinos, LARA y el Comité de Servicios Migrantes, compuesto de varios grupos interinstitucionales, están trabajando para proteger los derechos al salario mínimo de todos los trabajadores del campo, incluso de los que trabajan en granjas pequeñas”, le dijo Hendricks a El Informador. “Hasta ahora no tenemos una resolución clara (de la ley), y queremos que nuestros clientes sepan, antes de que venir a Michigan, que a diferencia de los años anteriores y antes de febrero del 2016, LARA no está haciendo cumplir el salario mínimo en todas las granjas pequeñas”, agregó.
Hendricks dijo que esto pone a los trabajadores en una situación, que si trabajan por un empleador de una granja pequeña, corran el riesgo de que no ganarse el salario mínimo. Dijo que es un cambio enorme e importante que los abogados lleven estos casos a la corte, para que puedan conseguir una interpretación judicial y asegurar que todos los trabajadores en todas las granjas se ganen el salario mínimo.
Mariza Gámez-García, quien también trabaja para Migrant Legal Aid, compartió la experiencia de un joven hispano que fue muy maltratado y humillado, pero quien nunca se dio por vencido. “Nunca puedo olvidar su cara (cuando me contaba sus experiencias amargas), y es una de las razones que me convertí en una abogada”, dijo Gámez-García.
“Si piensa que debe estar ganando el salario mínimo, pero no lo está recibiendo, recomiendo que lleve su caso a la corte con la representación de un abogado”, concluyó la abogada Hendricks.
En Michigan, el salario mínimo subió a $8.50 a partir del 1ro de enero del presente año.
