ecientemente se reveló que los Legionarios de Cristo le ofrecieron 16,300 dólares a la madre de una víctima de violación, para retractarse de que uno de sus sacerdotes agredió a su hijo cuando tenía 12 años.
En 2010 el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Marciel, había violado a sus seminaristas, engendró tres hijos y creó una orden para ocultar sus crímenes. Yolanda Martínez, de 54 años, llamó al cardenal Valasio De Paolis, el funcionario del Vaticano designado por el Papa Benedicto XVI para eliminar las prácticas abusivas en la Legión de Cristo y para denunciar una ‘oferta’ que hizo la orden después de que ella informara que su hijo había sido víctima de violación.
Sorpresivamente tras denunciar el crimen, la orden le propuso un acuerdo: La familia recibiría más de 16 mil dólares, pero a cambio, el menor abusado tendría que retractarse del testimonio que dio a los fiscales de Milán de que el sacerdote lo había agredido sexualmente repetidamente cuando era un estudiante de 12 años en el seminario juvenil de la orden en el norte de Italia.
El enviado personal del Papa Benedicto XVI cuando fue notificado de los hechos no compartió su indignación, sino que sorpresivamente se echó a reír. Explicó que no debería firmar el acuerdo, sino que debería tratar de llegar a otro acuerdo sin abogados: “Los abogados complican las cosas. Incluso las Escrituras dicen que entre los cristianos debemos encontrar un acuerdo”.
Lo que el funcionario religioso no sabía era que la conversación fue grabada. La cinta, así como la propuesta de acuerdo de seis páginas, son pruebas clave en un juicio penal que comenzará el próximo mes en la ciudad Milán. Los fiscales alegan que los abogados y sacerdotes de la Legión de Cristo intentaron obstruir la justicia y extorsionar a la familia de Martínez ofreciéndoles dinero para retractarse de los testimonios a los fiscales con la esperanza de anular una investigación criminal contra el sacerdote Vladimir Reséndiz Gutiérrez.
Hasta el momento la Legión de Cristo se declara inocente. Un portavoz argumentó que el organismo religioso no tenía implementadas las políticas y directrices uniformes de protección infantil que ahora son obligatorias.
