Opinión por Héctor Loya
Hace un par de días, un despacho de abogados con sede en Nueva York, especializado en solicitudes de asilo denunció en redes sociales que mantienen secuestrados a 200 migrantes tan sólo en la frontera del estado de Chihuahua, por los cuales pide un rescate de 10 mil dólares por cada uno, una noticia que no ha podido ser comprobada y que de hecho es negada por la autoridad estatal, pero que refleja el oscuro e inhumano negocio del tráfico de personas.
No es ningún secreto que las bandas criminales a lo largo de la frontera norte se han posicionado para atender este lucrativo, pero desalmado negocio, porque lamentablemente para ellos es solo eso, un negocio.
En los últimos meses, se ha incrementado la pelea por las fronteras, donde la violencia está al orden del día lo que refleja la brutal refriega por el negocio.
Según estimaciones de organizaciones de defensa del migrante, así como investigaciones periodísticas, los precios se han incrementado con la misma rapidez que ha aumentado la demanda de migrantes en tratar de llegar la frontera sur de Estados Unidos, y un viaje que antes costaba 3,000 dólares y 5,000 dólares actualmente cuesta entre 7,000 y 15,000 dólares e incluso más.
Si tomamos las miles de personas que transitan por nuestro país rumbo al norte, podemos entender que estas grandes cantidades de dinero son peleadas y desde luego cobradas por grupos que han creado el negocio de la ruta migrante, todos ellos ligados a organizaciones criminales del país.
Además, los migrantes son vulnerables a la explotación y el reclutamiento por parte del crimen organizado, y no se diga la suerte de las mujeres y niñas que son víctimas de violencia sexual durante largo recorrido.
Sobre la información que detonó este análisis editorial, hay que ser muy claros que tanto la prensa como quienes dicen defender los derechos de los migrantes debemos ser muy responsables, porque se trata de vidas humanas que requieren una atención inmediata de las autoridades, pero tampoco se debe lucrar con información que genere pánico y zozobra en la sociedad.
Lo que queda muy claro, es que las autoridades deben incrementar las acciones para evitar este sucio negocio, porque se trata de vidas humanas, y no solo de mercancías lícitas o ilícitas.