Opinión por Héctor Loya
El concepto de seguridad en la infancia trasciende la simple prevención de agresiones físicas. Implica garantizar entornos donde prevalezcan el cuidado, la confianza, la estabilidad emocional, la protección activa y la capacidad de anticipar y prevenir riesgos. Sin embargo, la realidad demuestra que este ideal está lejos de cumplirse.
En Michigan diversas agencias de la ley han reportado recientemente hechos alarmantes de abuso sexual infantil, muchos de ellos en el área del condado de Kent. Lo cual nos obliga a reconocer una verdad incómoda, la seguridad infantil sigue siendo una deuda pendiente entre el estado y la comunidad, precisamente en espacios que deberían ser sinónimo de protección y desarrollo.
La magnitud del problema exige atención inmediata e integral. No basta con reaccionar cuando los hechos ya ocurrieron; se requieren esquemas de protección efectivos, donde la prevención estructural y sostenida sea prioridad. Esto implica implementar políticas eficientes, en las cuales el interés superior de la niñez sea el eje rector.
Prevenir el abuso infantil requiere que la sociedad asuma su responsabilidad con claridad y compromiso. Madres y padres, como primeros responsables, deben estar atentos a cambios de conducta, miedos repentinos, retraimiento, rechazo a ciertas personas o conductas sexuales no acordes a su edad.
Es fundamental supervisar con quién conviven los menores, enseñarles a decir no ante cualquier situación incómoda y fomentar la comunicación. El abuso infantil suele darse en círculos de confianza, por ello la familia debe ser vigilante y romper el silencio frente a conductas inapropiadas, evitando convertirse en cómplice por omisión.
Las instituciones educativas, guarderías, centros de atención infantil, cuidadores, docentes y personal de apoyo tienen responsabilidad legal, ética y directa en la prevención, detección y atención de casos de abuso.
Cuando estas no actúan responsablemente, incumplen su deber y se convierten en cómplices. No basta con estar atentos, se debe contar con protocolos de actuación, manuales de conducta profesional con límites claros y mecanismos de sanción, además de comités de protección con participación de personal, familias y especialistas.
La comunidad tiene un papel clave en la cultura de protección: no puede ser indiferente ni guardar silencio ante situaciones de abuso o negligencia. Debe promover espacios seguros, denunciar riesgos, exigir la aplicación de protocolos y participar activamente en campañas de sensibilización y prevención.
Las infancias merecen crecer en espacios que las protejan, las escuchen y las respeten. Su seguridad es responsabilidad de todos, es una obligación compartida, impostergable y profundamente humana.
