Los Ángeles, 22 feb (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Activistas proinmigrantes advirtieron que las nuevas directrices sobre inmigración presentadas hoy por las autoridades federales podrían llevar a la deportación de un mayor número de personas.
En una reunión realizada en el Capitolio estatal en Sacramento, la Alianza Construyendo el Sueño de California, una coalición que congrega cerca de 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos, advirtió sobre los riesgos y los peligros de las medidas.
«Todos los extranjeros son ahora un objetivo de deportación», afirmó hoy Carmen Iguina abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California una de las organizaciones que participó en la sesión informativa.
La organización de defensa legal, recordó algunas indicaciones para actuar en caso de que las autoridades de inmigración lleguen a la residencia de una persona inmigrante.
Entre las recomendaciones de ACLU figuran «no abrir la puerta», «preguntar por qué» están allí, pedir un intérprete si se necesita y únicamente permitir la entrada de las autoridades luego de verificar una orden firmada por un juez.
En la reunión, representantes de ACLU y de otras organizaciones como Asiáticos Estadounidenses Avanzando la Justicia (AAJC), el Centro de Política Inmigrante de California (CIPC) y el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) comentaron sobre los dos memorandos dados a conocer hoy por el secretario de Seguridad Nacional John Kelly.
El Gobierno de Donald Trump estableció hoy nuevas directrices para reforzar el control migratorio, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.
El memorando, divulgado hoy y firmado por Kelly, abre la puerta a las deportaciones masivas en EE.UU. de inmigrantes indocumentados y precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan «abusado» de los beneficios públicos o que, «a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional».
Quedan, sin embargo, fuera de esta rotunda expansión de la autoridad de las fuerzas de seguridad los jóvenes indocumentados («dreamers» o «soñadores») beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Sin embargo, durante la reunión de hoy, se insistió en que si un beneficiario de DACA comete un delito, éste podría perder su permiso y no estaría protegido de la deportación.
Los activistas recomendaron a aquellas personas que pueden verse afectadas con las nuevas directivas, buscar asesoría legal y tener su documentación actualizada para poder demostrar que han vivido en el país al menos durante dos años.
Aunque no estuvo presente en la reunión, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) a su vez se manifestó a través de un comunicado contra las nuevas directivas.
«El secretario Kelly ha desatado una cacería de brujas sin precedentes entre millones de familias inmigrantes», criticó Salas al manifestar la oposición de su organización a las medidas.
