Chicago (IL), 19 sep (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Organizaciones proinmigrantes de todo el país pidieron hoy al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que extienda tres meses, hasta el 5 de enero de 2018, la fecha límite para la renovación de decenas de miles de permisos de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
En una carta enviada a la secretaria interina, Elaine Duke, los activistas sugieren que se cambie la fecha, prevista inicialmente para el 5 de octubre, por considerar que el tiempo disponible para las renovaciones es «poco práctico e inviable».
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), unos 154.000 de los casi 800.000 soñadores pueden perder sus permisos de trabajo y protección contra la deportación si no renuevan antes de esa fecha.
En la carta se señala que eso significa que deben presentarse diariamente 5.433 solicitudes de renovación, incluyendo los fines de semana, lo que se traduce en 214 solicitudes por hora, inclusive durante las noches y durante 30 días.
Expresa además que muchos de los beneficiados con DACA no podrán cumplir con el plazo, por falta de información, falta de recursos para pagar las tarifas de renovación, o de capacidad legal para ayudarlos en el proceso de renovación.
«Miles podrían perder sus posibilidades de trabajar, pagar impuestos y contribuir con la economía, y los empleadores de todos los sectores empresariales verán disminuida su fuerza laboral», agrega.
Los activistas, que pertenecen a coaliciones defensoras de los derechos humanos y de los inmigrantes de Los Ángeles, Florida, Illinois, Alabama, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts, entre otras, recuerdan que en una vista reciente ante un juez de distrito, el fiscal federal asistente Brett Shumate consideró posible el cambio de fecha.
El funcionario informó de que el DHS estaba considerando atrasar la fecha límite debido al impacto de los recientes huracanes Harvey e Irma en varios estados del país.
La fecha del 5 de octubre fue establecida cuando la Administración del presidente Donald Trump anunció que en un plazo de seis meses rescindiría el programa, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe aprobar una ley para aclarar la situación de los «soñadores».
Sin embargo, el Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los «soñadores», y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.
