Washington (EFE)
El uso de la norma sanitaria Título 42 para expulsar de manera expedita a inmigrantes que buscan asilo es «racista y xenófobo», y el gobierno del presidente Joe Biden debe poner fin a esa política, afirmaron este jueves activistas. Más de 1,6 millones de migrantes han sido rechazados en la frontera sur de Estados Unidos desde que, hace dos años, el gobierno del entonces presidente Donald Trump recurrió a esa norma de salud pública para expulsar a los extranjeros en medio de la pandemia.
Cientos de miles de migrantes, en su mayoría de América Central, pero con número creciente de suramericanos, africanos y asiáticos, han permanecido en campamentos y situaciones precarias en el norte de México expuestos, según los activistas, a asaltos, violaciones, secuestros y homicidios. En semanas recientes el puerto fronterizo de San Ysidro en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un campamento de refugiados rusos y ucranianos, a los que se les han sumado algunos bielorrusos.
«El gobierno del presidente Joe Biden ha continuado el uso de esta norma inhumana e ilegal que ha negado a cientos de miles de personas su derecho a solicitar el asilo», afirmó en una teleconferencia Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC, en inglés). «Esta política racista y xenófoba es parte de un sistema de inmigración racista que expulsa y criminaliza a los migrantes, particularmente a los de color», añadió.
Cody Wofsy, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), señaló que «no hay una justificación de salud pública para esta política» que deja en manos de los funcionarios de la frontera la determinación de cuáles inmigrantes puedan ser una amenaza para esa salud. «Éste es un programa creado para negar la ayuda humanitaria, para negar el asilo usando el covid-19 como un pretexto», agregó Wofsy quien se dijo «descorazonado porque el gobierno de Biden siga aplicando esa norma».
Allen Orr, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), enfatizó que el uso del Título 42 «no es legal, debería ser cambiado, es anticuado y jamás debería usarse otra vez». «Millones de personas cruzan esa frontera sur cada día y se ha elegido expulsar a la gente en la frontera», agregó. «En instancias recientes hemos aceptado gente de Afganistán y ahora de Ucrania. No los detenemos».
Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) en lo que va del período fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre, al menos 5.34 ucranianos intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Esos datos indican que sólo 11 ucranianos fueron procesados bajo el Título 42 en lo que va del período fiscal, y otros 5.523 fueron procesados bajo el Título 8 que puede o no resultar en la detención. «La solidaridad con los inmigrantes no debería hacer distinciones», escribieron en un artículo Maribel Hastings y David Torres de America’s Voice.
«Mientras que los países europeos y otros en todo el mundo reciben con los brazos abiertos a los refugiados ucranianos que huyen de la sangrienta invasión rusa, en esta parte del planeta continúan las historias desgarradoras de miles de otros migrantes», señaló el artículo. «Uno aplaude la solidaridad con los refugiados ucranianos ante la barbarie de Rusia», concluyó el artículo. «Pero al mismo tiempo, uno quisiera que esa misma solidaridad se mostrara hacia refugiados de otras naciones y de otros colores, cuyas vidas tienen el mismo valor».
