ERIKA MENDIVIL/EL INFORMADOR
WYOMING MI
El Gobierno prepara una «trampa perfecta» para despojar a los indocumentados de toda protección y acelerar las deportaciones, en lo que denominaron «guerra contra los inmigrantes».
La guerra es encabezada por Jeff Sessions Procurador General, quien busca «maximizar las deportaciones» sin que sea necesario cumplir con el debido proceso de las personas en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), declaró Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Americano.
Sessions impuso cuotas a los jueces de Inmigración para que aceleren su trabajo, cierren los casos más rápido y hasta nieguen el derecho a una audiencia a quienes solicitan asilo, además de poner fin al Programa de Orientación Legal (LOP, en inglés), que informa a los inmigrantes sobre sus derechos.
«Una trampa perfecta para maximizar las deportaciones», expresó Jawetz y destacó además «la crisis que inventó el presidente en la frontera con fines políticos» para enviar efectivos de la Guardia Nacional. (Realmente la Guardia Nacional tiene un papel limitado y no podrá dedicarse a detener inmigrantes, porque la misma ley prohíbe usar a los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional).
La guerra contra los inmigrantes aumenta todos los días con la militarización de la frontera, la detención de mujeres inmigrantes embarazadas y «la falta de cualquier tipo de compasión humana» de parte de ICE o de la Patrulla Fronteriza. Igualmente, ICE arresta y deporta a personas con familias y profundos lazos comunitarios, incluyendo a quienes tienen hijos ciudadanos (estadounidenses).
«Tenemos que prepararnos para algo que va a empeorar en los próximos meses«, agregó Jawetz sin ofrecer detalles.
Heidi Altman, directora de política del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, advirtió sobre las «cajas negras» de los más de 200 centros de detención que tiene ICE en todo el país, entre cárceles de condados y privadas.
Con la eliminación a partir del primero de mayo del Programa de Orientación Legal, para informar a los inmigrantes sobre sus derechos antes de comparecer ante un juez de Inmigración, «se destruye una red de protección que durante años ha salvado a mucha gente”, sostuvo.
Este programa, establecido en 2003, funciona con la colaboración de más de una decena de organizaciones sin fines de lucro, y según la asignación de recursos del Congreso contaría con fondos para funcionar en el año fiscal 2018.
Sin la protección del LOP, que el año pasado ofreció talleres informativos a 53.000 inmigrantes en proceso de deportación, las cárceles de Inmigración «se convierten en cajas negras, donde ocurren deportaciones sin testigos y en total oscuridad», afirmó Altman.
