Los Ángeles, 30 ene (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Los menores indocumentados que ingresaron al país con alguno de sus padres no tienen derecho por ley a un abogado federal durante procesos de deportación, determinó hoy la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California que rige el oeste del país, en una decisión que podría afectar los casos de miles de menores.
Los tres jueces que estudiaron el caso de un joven hondureño identificado como C.J.L.G., que llegó al país con su madre alegando escapar de la persecución de las pandillas, declararon unánimemente que la leyes federales no le garantizan el pago de abogados ante la corte inmigración.
«Ordenar un abogado gratuito escogido por la corte puede causar más presión a un ya recargado sistema de inmigración», señaló en su fallo la juez Consuelo Callahan, integrante del tribunal de apelaciones.
La decisión unánime de los tres jueces de la corte generó rechazo inmediato por parte de activistas, especialmente de representantes de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU,por sus siglas en inglés) del Sur de California que plantearon la demanda.
«Los datos estadísticos evidencian -con el conocimiento de la corte- que los menores tienen muchas más posibilidades de ganar sus casos si obtienen representación legal», declaró a Efe Ahilan Arulanantham, director legal de la organización.
Según datos que se tienen del caso, C.J.L.G. llegó a los Estados Unidos en 2014 a la edad de 13 años y se presentó ante una corte de inmigración sin un abogado, luego de que su madre no pudiera conseguir alguno.
El joven actualmente cursa el nivel de preparatoria en Los Ángeles y su progenitora trabaja en un camión de venta de alimentos conocido popularmente como «lonchera», según información suministrada por el diario Los Ángeles Times.
Arulanantham recalcó que de mantenerse esta decisión, podría dar lugar a la deportación de miles de menores que actualmente solicitan asilo en el país y provienen de regiones con mucha violencia.
En una declaración de adhesión a la decisión de hoy, el juez John Owens, que también forma parte del Tribunal de Apelaciones con sede en San Francisco, destacó que el fallo se refiere a menores que llegaron acompañados de sus padres y no incluye a quienes vinieron al país solos.
Ese caso, explicó Owens, es una «pregunta diferente que puede llevar a una diferente respuesta».
Según datos de la Patrulla de Fronteras, entre 2013 y 2016 llegaron al país por la frontera sur, y fueron procesados, cerca de 207.000 menores no acompañados, al igual que más de 200.000 familias.
