Denver (EFE)
Dos legisladoras latinas de Colorado anunciaron este jueves en rueda de prensa virtual que próximamente presentarán un proyecto de ley conjunto para «fortalecer» las leyes estatales de protección de la privacidad, tras detectarse un «intercambio» de datos con agentes de inmigración. La senadora estatal Julie Gonzales y la representante estatal Serena Gonzales-Gutiérrez, ambas demócratas de Denver, revelaron que empleados de la División de Vehículos Motorizados (DMV) de Colorado, a cargo de la emisión de licencias de conducir y documentos de identidad, compartieron información con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las actuales leyes de Colorado prohíben la colaboración de las agencias del Gobierno estatal con ICE, excepto en aquellos casos que el pedido de información provenga de parte de un juez y no de ICE, con la única excepción de ciertos casos criminales. A pesar de ello, existió una colaboración entre la DMV y los agentes de ICE y el hecho quedó confirmado cuando dirigentes de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) utilizaron la Ley de Registros Abiertos de Colorado (CORA) para obtener los documentos de ese intercambio.
CIRC estima que desde agosto de 2014, cuando Colorado comenzó a emitir licencias para indocumentados, hasta ahora, unas 150.000 personas sin presencia legal en el país gestionaron esos documentos y ahora «corren el riesgo de ser separados de sus familias» por el acceso de ICE a esa información. Por eso, dijeron las legisladoras, la nueva ley creará «un proceso consistente para responder a pedidos de información personal». Cada pedido, explicaron, deberá ser «verificado» y «se concederá cuando sea apropiado».
Y no se trata solamente de proteger la privacidad de los inmigrantes, sino también «los datos que todas las personas de Colorado comparten con el estado cuando acceden a ciertos servicios». Pero además de proteger información personal, el proyecto de ley tiene otro propósito, el de «restaurar la confianza de los habitantes de Colorado en el gobierno estatal», después de reconocer que se «quebró» y fue «destruida por ICE», dijo Gonzales.
La desconfianza, dijeron las legisladoras, también significa que, por temor a que el gobierno estatal comparta datos con ICE o con otras agencias federales, residentes de Colorado, y especialmente los inmigrantes, podrían decidir no vacunarse contra el covid-19 o no buscar tratamiento contra esa enfermedad, complicando las medidas para detener la pandemia. De hecho, ese sentimiento de no vacunarse es compartido por lo menos por la tercera parte de los 1,4 millones de latinos en Colorado.
Según las legisladoras, leyes de privacidad más fuertes llevarían a un «Colorado más saludable y seguro», beneficiando a los 5,6 millones de habitantes del estado, incluyendo unos 150.000 indocumentados mencionados por CIRC. «Compartir datos (con el gobierno federal) sin autorización representa un peligro para todas las comunidades de Colorado», afirmó la senadora Gonzales. Debido a que la pandemia obligó a modificar el calendario de sesiones 2021 de la legislatura de Colorado (recién comienza hoy, con un mes de retraso), aún no se ha fijado la fecha para que las legisladoras presenten su proyecto de ley.
