Los Ángeles, 3 oct (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- El Noveno Circuito de Apelaciones respaldo el fallo de un juez que obliga al Gobierno a notificar las razones y las pruebas por las que arresta a adolescentes no acompañados, informó hoy la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Este nuevo revés para la Administración de Donald Trump se da a raíz de las detenciones de menores de edad acusados de tener vínculos con pandillas en sus países de origen.
Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis y una de las abogadas que defiende el caso, explicó a Efe que el fallo del Noveno Circuito es de carácter nacional.
Ello quiere decir que las autoridades de Inmigración ahora tendrán que presentar pruebas para mantener detenidos a los menores sospechosos de estar vinculados con pandillas, y además deberán otorgar audiencias y evitar las detenciones prolongadas.
«El Gobierno Trump estaba deteniendo sin pruebas a estos menores y alejándolos de su familia, además negándole sus derechos constitucionales», dijo Cooper.
El caso se remonta a junio del 2017, cuando adolescentes que habían sido entregados a sus padres o familiares por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) fueron arrestados nuevamente por oficiales del Departamento de Seguridad (DHS), debido a sospechas de que eran miembros de pandillas.
«Muchos de ellos pasaron meses sin audiencia y a pesar de ser menores estuvieron recluidos en centros que parecían cárceles», sostiene Cooper.
ACLU demandó al Gobierno y un juez federal de California falló a favor de los adolescentes en noviembre de 2017. La corte ordenó que debían otorgarse audiencias a esos jóvenes en el término de una semana.
Cooper asegura que el Gobierno tuvo que dejar en libertad a la mayoría de los menores, porque no pudo proporcionar pruebas relevantes del supuesto vínculo de los inmigrantes con grupos criminales.
El Departamento de Justicia encabezado por Jeff Sessions llevó al caso al Noveno Circuito.
«La decisión del Noveno Circuito confirma que el gobierno debe darles a estos niños la oportunidad de responder a los cargos en su contra», dijo William Freeman, abogado principal de ACLU del norte de California.
Los defensores de los inmigrantes también denunciaron que el DHS transportó a muchos de los demandantes a centros de detención alejados de sus familias y sin previo aviso a sus padres o abogados.
