El caso se refiere a una ley de California aprobada en 2017 que limita la forma en que las fuerzas del orden público estatales y locales pueden ayudar al gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración.
Con ciertas excepciones, la ley prohíbe que las agencias policiales estatales y locales informen al gobierno federal de datos personales como dirección particular de un individuo, lugar de empleo o la fecha de liberación de la custodia policial con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración. También evita que los funcionarios estatales y locales transfieran a alguien a la custodia de funcionarios de inmigración sin una orden judicial.
La administración Trump demandó a California por la ley, argumentando que no era válida de acuerdo a la ley federal. Sin embargo un tribunal de distrito federal falló a favor de California y el Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos confirmó la decisión.
Cabe recordar que Trump, quien está en plena campaña de reelección, antes de asumir la presidencia indicó que haría las leyes de inmigración más restrictivas.