Según un estudio del Instituto sobre Impuestos y Política Económica, la población indocumentada aporta cerca de 12.000 millones en tributos cada año, a pesar de que no puede beneficiarse de la gran mayoría de programas públicos.
En el último día para pagar impuestos, las organizaciones pro-inmigrantes recuerdan que los indocumentados que residen y trabajan en el país pagan miles de millones de dólares en impuestos destinados a las arcas públicas federales, estatales y locales.
«Entre sus muchas otras contribuciones a nuestras comunidades y la economía, los inmigrantes indocumentados ayudan a reforzar las finanzas de programas como la Seguridad Social, de los que ni siquiera son elegibles para beneficiarse», apuntó en declaraciones a Efe Josh Dorner, vicepresidente de la firma de estrategia política SKDK.
«En total, según el informe citado, los trabajadores indocumentados pagan alrededor del 8 % de sus ingresos en impuestos estatales y locales, un dato superior al 5,4 % que abona la clase más rica del país.»
«Los inmigrantes generan ingresos fiscales de los negocios que poseen, los empleos en los que trabajan y su poder adquisitivo, unas cantidades que desaparecerían si se vieran obligados a abandonar el país», apuntó a Efe Philip Wolgin, director general de Políticas de Inmigración del Centro de Acción del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).
“Lejos de reconocer el positivo impacto de la comunidad inmigrante en las arcas del país, la retórica anti-inmigrante del presidente Donald Trump ha sido común desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.”
Entre las protecciones que Trump ha anulado se encuentra el programa de Acción Diferida (DACA), que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como «soñadores».
Según datos del CAP, el 91 % de los beneficiarios de ese programa están empleados o van a la universidad y pagan sus impuestos, lo que se traduce en más ingresos locales, estatales y federales, mientras que el 5 % de ellos inició su propio negocio.
De hecho, los «soñadores» pagan un total de 1.800 millones de dólares en tributos, de acuerdo al análisis del Instituto sobre Impuestos y Política Económica.
Este centro de pensamiento progresista ha reiterado en numerosas ocasiones que es «vital» encontrar una solución para estos jóvenes indocumentados, que podrían ser deportados una vez expire la fecha de su permiso migratorio.
Las últimas estimaciones del CAP apuntan a que conseguir una protección permanente para este sector de la comunidad indocumentada significaría una contribución de 39.300 millones a la Seguridad Social y al programa Medicare durante la próxima década.
