La ciudad californiana de San José y el grupo Alianza Negra por una Inmigración Justa (BAJI) demandaron al Gobierno federal por su decisión de incluir una polémica pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del próximo censo 2020.
La demanda va dirigida al Departamento de Comercio, su secretario, Wilbur Ross, a la Oficina del Censo y a su responsable, Ron Jarmin. A finales de marzo, se conoció que el Departamento de Comercio solicitó reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos.
Diversos expertos en temas migratorios cuestionan la iniciativa y la ven en la línea de una política migratoria más dura bajo el gobierno de Donald Trump, que ha hecho de este tema uno de sus principales objetivos. Los defensores de los inmigrantes sostienen que la inclusión de esta pregunta llevará a los indocumentados o residentes legales permanentes con lazos con personas sin documentos a no cumplimentar el censo, lo que falseará los datos.
Violaron la constitución de los Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) por agregar arbitraria y caprichosamente una pregunta nueva
Según los demandantes declaran que « violaron la constitución de los Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) por agregar arbitraria y caprichosamente una pregunta nueva«, que no fue evaluada previamente al cuestionario del censo 2020.
Los argumentos presentados en la demanda son similares a los utilizados por diecisiete estados y otras siete de ciudades que hasta el momento han presentado reclamos legales contra la inclusión de la pregunta.
Funcionarios Latinos Electos (NALEO), explicaron que “los congresistas se asignan según la población de cada estado, y si hay un mal conteo, entonces esa distribución será errónea y no habrá una representación adecuada para este país; además, cada año más de 600,000 millones de dólares son distribuidos teniendo en cuenta estas cifras.
