Chicago (IL), 29 jul (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
El intento de Donald Trump de excluir a los indocumentados del Censo ha desatado una andanada de demandas y acciones judiciales en las cortes, donde los activistas creen terminará este nuevo intento del presidente de estrechar las políticas migratorias.
Entre los grupos que se preparan para ir a las cortes figura el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF, en inglés), que junto a Common Cause y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras organizaciones defensores de los derechos civiles, quieren un amparo judicial urgente que anule cualquier avance.
Según pudo saber Efe, MALDEF prepara una enmienda a una demanda presentada el año pasado, cuando el presidente intentó agregar una pregunta sobre la nacionalidad al cuestionario del Censo 2020, y fue bloqueado por la Corte Suprema.
En la enmienda, el fondo cuestiona la legalidad y constitucionalidad del memorando, y las verdaderas intenciones de Trump, que buscaría favorecer al Partido Republicano con una medida sin precedentes.
A la ríada de demandas federales entabladas en los últimos días, entre las que figuran una liderada por procuradores de justicia de varios estados, se sumó este martes otra presentada en Boston por Lawyers for Civil Rights en representación de organizaciones comunitarias de Massachusetts, que trabajan con inmigrantes brasileños y haitianos.
Asimismo, el estado de California, junto a las ciudades de Los Ángeles, Oakland y Long Beach, así como el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), presentó este martes una demanda contra el presidente Trump, por su intento de dejar fuera del conteo del Censo a los indocumentados.
“El mensaje es claro: Presidente Trump, obedezca la ley”, dijo el fiscal de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa para presentar la acción.
En un mensaje enviado el 21 de este mes al secretario de Comercio Wilbur Ross, que se encarga del censo, Trump comunicó que ha determinado, «para el respeto de la ley y de la protección de la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto».
Según el mandatario, permitir que los extranjeros sin papeles sean contados para la atribución de escaños podría crear «incentivos perversos» como ofrecer una recompensa a Estados que alienten la violación de las leyes de inmigración.
Esta acción «refleja un mejor entendimiento de la Constitución y es consistente con los principios de la democracia representativa», agrega.
En general, los demandantes sostienen que el memorando “es la culminación de años de esfuerzos para transferir poder político en masa de los votantes latinos, a los republicanos y blancos”.
Según declaró en un comunicado el presidente de MALDEF, Thomas A. Sáenz, la medida es “otra muestra” del liderazgo “perverso y dañino” de Trump.
Recordó que la Corte Suprema, al bloquear el intento de preguntar la nacionalidad, sostuvo que “las personas son personas bajo nuestra constitución, sin importar su estatus migratorio”.
El conteo del censo determina la asignación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y la repartición de los recursos federales del presupuesto para escuelas, carreteras y otros servicios públicos.
Un estudio del Pew Research Center señala que la exclusión de los sin papeles afectará en particular a estados como California, Florida y Texas, que tendrían un representante menos de lo que les correspondería, por su población.
En cambio, Alabama, Minnesota y Ohio se beneficiarían con el nuevo reparto, al mantener un escaño cada uno que deberían perder por los cambios de población.
Los nuevos números sobre la población del país también determinan cuántos votos obtiene cada estado en el Colegio Electoral que elige al presidente.
María Fitzsimmons, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo a Efe que el memorando es “teatro político”, y señaló que no está claro cómo piensa articular Trump su objetivo, con un censo que ya en marcha y que no incluye la información sobre quiénes son los indocumentados.
“No hay pregunta sobre nacionalidad, por lo tanto, no se puede verificar el dato”, dijo la directora de la campaña del censo que realiza la coalición.
La Constitución de los Estados Unidos es clara, afirmó. “La información del censo es confidencial y está protegida”, dijo.
El censo “es un recuento de todos los que vivimos en los Estados Unidos, y eso incluye a los indocumentados”, agregó.
Fitzsimmons dio por descontado que los demandantes lograrán el amparo buscado en las cortes para frenar el memorando y anular una maniobra que, dijo, fue pensada por Trump para el momento en que el Departamento del Censo envíe funcionarios a golpear las puertas de quienes no hayan respondido al cuestionario en línea, a partir del 31 de julio.
“Esto no es más que teatro político para asustar a la gente y hacer que no participe en el censo”, concluyó.
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