Atlanta (GA), 13 jun (ELINFORMADORUSA/EFE).-
Los centros de detención de inmigración en Georgia están abarrotados al aumentar de manera dramática el número de indocumentados arrestados desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero pasado, lo que está creando condiciones aún más deplorables para quienes se encuentran encerrados ahí, denuncian defensores de derechos humanos.
Los activistas también reportaron casos en los que algunos inmigrantes sin antecedentes penales estaban acabando en cárceles con presos comunes debido a la sobrepoblación que existe en los reclusorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en este estado.
En medio de las crecientes denuncias de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos, ICE confirmó esta semana la muerte de un migrante mexicano que estaba recluido en el Centro de Detención de Stewart (SDC), en la remota localidad de Lumpkin, en el sur de Georgia, aparentemente tras quitarse la vida, ya que fue encontrado «con una ligadura alrededor del cuello».
Con la muerte de Jesús Molina-Veya, de 45 años, son dos los migrantes que han fallecido en Georgia en el último mes y 23 desde que inmigración comenzó a detenerlos en Stewart en 2006, según cifras de El Refugio.
Alarma entre los activistas
La situación en estos centros de ICE «es alarmante», dijo a EFE el defensor de los derechos de los inmigrantes Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, una organización que brinda asistencia a los familiares de los detenidos en esa prisión y que durante años ha estado denunciando abusos y negligencia médica en esa cárcel.
«Acompañamos en el sentimiento a las personas detenidas en el SDC, para quienes otra muerte es un duro recordatorio de la crueldad de un sistema que no proporciona atención básica», declaró Valencia, quien exigió la liberación inmediata de todas la personas detenidas, en particular aquellas que sufren problemas de salud y las mujeres embarazadas.
Este centro de detención, uno de los más grandes del país, tiene capacidad para 1.752 personas, de acuerdo con el gobierno, sin embargo, actualmente, según Valencia, hay más de 2.000 detenidos.
«En los últimos dos meses hemos escuchado historias de personas detenidas ahí que nos dicen que en cada unidad, que normalmente debe haber 60 o 70 personas, hay 100 personas, por lo que muchos no tienen cama y los ponen a dormir en un colchón», aseveró el activista, quien también es miembro de la organización Detention Watch Network.
La adolescente mexicana Ximena Arias-Cristóbal, quien estuvo presa dos semanas en ese centro de ICE antes de obtener la libertad bajo fianza, testificó esta semana ante un comité del Senado de Estado Unidos sobre la «traumática» que vivió ahí tras ser arrestada por un error de la policía el pasado 5 de mayo.
La joven de 19 años denunció que a los detenidos en Stewart se les niega el acceso a necesidades básicas como alimentación nutritiva, higiene y condiciones adecuadas para dormir.
ICE ha negado reiteradamente estas acusaciones y en un comunicado donde confirmó la muerte del inmigrante mexicano Molina-Veya, dijo que la agencia «mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos».
«Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda su estancia», aseveró.
Indocumentados en cárceles regulares
En Atlanta se han dado a conocer casos de inmigrantes detenidos que han acabado presos en prisiones federales, algo que el director ejecutivo de El Refugio dijo que está ocurriendo y que el mismo ICE ha reconocido dado el alto número de arrestos en los operativos que en Georgia suman más de 100 diarios.
El Gobierno de Trump también busca ampliar el Centro de Procesamiento de ICE en Folkston, también en el sur de Georgia, a solo unas cuantas millas de Florida, y en días recientes, las autoridades locales y la agencia aprobaron un plan para hacerlo y convertir esta prisión para indocumentados en la más grande del país.
Se estima que este centro de detención triplicará su capacidad, de los 1.100 actuales a casi 3.000, según el acuerdo alcanzado entre las partes y que fue anunciado por el congresista republicano por Georgia Earl L. Buddy Carter.
