El Departamento de Seguridad Nacional, no puede deportar a todos los que tienen la orden de ser expulsados del país y ha dicho que se centra en las personas que considera más peligrosas. Sin embargo, eso podría cambiar a medida que una afluencia masiva de familias migrantes ingrese ilegalmente al país a través de la frontera sur.
Recientemente la administración ha estado discutiendo y lidiando con la forma de manejar a las familias que están desafiando las órdenes judiciales de expulsión o que no aparecen en sus fechas de corte.
En abril, cerca de 100.000 migrantes, muchos de los cuales eran familias, fueron detenidos en la frontera sur, según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
Las familias que se espera que sean el objetivo son aquellas que ingresaron recientemente a Estados Unidos y fueron colocadas en un expediente familiar. El año pasado, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa las cortes de inmigración de la nación, anunció que había comenzado a rastrear los casos familiares presentados por el DHS en 10 lugares de la corte de inmigración: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.
Los casos se están acelerando para tratar de procesar a las familias en menos de un año.
Desde el 24 de septiembre de 2018, hasta el 26 de abril de 2019, más de 40.000 casos se marcaron como los llamados casos de “unidad familiar”, una designación del DHS, según los datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración. Aproximadamente 8.000 casos han sido marcados como completados. De esos, 7.724 casos terminaron con órdenes de remoción, de los cuales 6.764 fueron ordenados porque no asistieron a sus audiencias de inmigración.