Denver (CO), 19 may (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
En rueda de prensa frente al centro de detención del GEO Group en Aurora, la doctora Danielle Loeb dijo que cuenta con información de que los alojados dentro de ese establecimiento solamente usan cubrebocas “los lunes, miércoles y viernes”, por lo que el uso de esas máscaras resulta inefectivo para evitar contagios.
Además, los presos están alojados en celdas para ocho personas, impidiendo todo tipo de distanciamiento social y aumentando “la posibilidad de una transmisión directa” del coronavirus.
Aun más, los reclusos no pueden higienizarse en privado sino solamente en conjunto, por lo que incluso ese acto de higienizarse no sirve como prevención de contagios. Y muchos de los reclusos carecen de suficientes elementos de higiene personal.
“No podemos actuar como espectadores cuando vemos que las personas mueren encarceladas”, afirmó Loeb, profesora asociada de medicina interna de la Escuela de Medicina en el Campo Médico Anschutz de la Universidad de Colorado en Denver.
Por eso Loeb y representantes de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y la Alianza Popular de Colorado (COPA), entre otras organizaciones, entregaron hoy 500 cubrebocas para ser usados por los detenidos en la cárcel del GEO Group, así como un número no revelado de paquetes de higiene y de protección personal.
Según datos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia del Gobierno que contrata a GEO Group para operar la cárcel, en la actualidad no hay presos contagiados de coronavirus en ese establecimiento, aunque hubo por lo menos diez contagios entre marzo y abril pasados. A nivel nacional, el ICE detectó 986 contagios.
A la vez, el ICE informa que dos empleados de la cárcel en Aurora tienen coronavirus (44 en todo el país). El pasado 8 de abril se había detectado cinco contagios entre los empleados.
La cárcel de Aurora tiene capacidad para unas 1.500 personas, aunque los dirigentes proinmigrantes locales estiman que actualmente tiene entre 700 y 1.200 personas.
El ICE y GEO Group “están poniendo en peligro la vida de todos los detenidos y de todos los que trabajan aquí debido a sus inexcusables prácticas de seguridad personal”, dijo Loeb, agregando que una solución sería “liberar a todas las personas detenidas” antes de que “mueran detenidas”.
“Se necesita liberarlos lo antes posible porque la COVID-19 en los centros de detención es una emergencia de salud pública”, enfatizó.
De hecho, el 27 de marzo pasado, casi 100 personas (la mayoría, mujeres) fueron dejadas en libertad de la cárcel de Aurora por razones humanitarias. Desde entonces, algunas decenas más de indocumentados también recuperaron su libertad.
Por su parte Ana Rodríguez, portavoz de COPA, insistió que “ni el ICE ni GEO brindan la protección adecuada contra la pandemia de COVID-19”, pidiendo medidas “antes de que el centro de detención de GEO se convierta en un campo de muertos”.
Dado que los reclusos no pueden protegerse por sí mismos de la pandemia, su situación podría considerarse como “castigo cruel en inusual” y, por eso, podría generar nuevas demandas judiciales contra el ICE y contra GEO, según la dirigente.
“La detención, tanto en instalaciones privadas como en las administradas por el Gobierno, está plagada de negligencia médica y ha habido múltiples muertes por negligencia médica incluso antes de COVID-19”, expresó.