Washington, 16 ene (EFE News).- El Gobierno del presidente Donald Trump está resuelto a restringir el asilo a quienes llegan a la frontera sur de Estados Unidos y continuará con esas medidas porque son «un factor central de sus políticas contra la inmigración», dijo hoy a Efe, Sarah Pierce, del Instituto de Política Migratoria.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Centro Nacional de Justicia de Inmigrantes, el Centro para Estudios de Género y Refugiados, y Derechos Humanos Primero presentaron el miércoles una demanda en nombre de solicitantes de asilo en EE.UU. y fueron expulsados a Guatemala y de otras dos organizaciones.
«Bajo la ley de EEUU podemos enviar a las personas que buscan asilo, por medio de un acuerdo básico, a otro país», explicó Pierce. «Pero debemos asegurarnos de que estas personas tendrán un trámite pleno y justo de sus pedidos de asilo».
«Guatemala o El Salvador no tienen los recursos para llevar a cabo esos trámites de manera satisfactoria», agregó. «Más de 150 migrantes hondureños y salvadoreños, incluidos al menos 4 menores de edad, han sido enviados a Guatemala».
«Sólo cuatro de ellos han pedido asilo en Guatemala», añadió Pierce. «Hay mucha confusión (en Estados Unidos) acerca de cómo solicitar allá el asilo».
Pierce mencionó el caso de un hombre homosexual, citado en la demanda que encabeza ACLU, enviado a Guatemala y a quien allí se le dijo que no era seguro para él que iniciara el trámite en ese país centroamericano, y que sería mejor que fuese a México.
El Gobierno de Trump ha sido blanco de numerosas demandas ante tribunales por diferentes aspectos de su política inmigratoria en los últimos tres años, y Pierce opinó que esos recursos continuarán usándose porque «este gobierno está resuelto a restringir el asilo en la frontera Sur».
ACLU explicó que la demanda ante la Corte de Distrito de la capital estadounidense, «desafía las políticas de la Administración Trump de los llamados acuerdos de ‘tercer país seguro’ con Guatemala y otras naciones que fuerzan a la gente que huye por sus vidas a buscar asilo en la misma región peligrosa de la que huyeron».
En julio pasado Estados Unidos y Guatemala suscribieron un acuerdo que estipula, entre otras cosas, la transferencia de solicitantes de asilo del primer país al segundo, amparados en el concepto de «tercer país seguro».
Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el concepto de «tercer país seguro» es «usado como parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado ‘seguro».
Washington ha firmado convenios similares con Honduras y con El Salvador, que buscan atajar la migración irregular desde Centroamérica.
ACLU subrayó en la nota que esta política «impide a los solicitantes de asilo tener la oportunidad de asilo en EE.UU.»: «En lugar de esto, son enviados a Guatemala, y pronto a El Salvador y Honduras. Estos son países plagados de una violencia endémica, inestabilidad y sistemas de asilo mal equipados».
El texto precisa que uno de los demandantes es un hombre gay de El Salvador, que huyó de su país tras ser amenazado por un miembro de la pandilla MS-13.
ACLU afirmó que llegó a territorio estadounidense tras un trayecto en el que cruzó Guatemala, donde sufrió acoso, y cuando llegó a su destino los agentes fronterizos de EE.UU. le dijeron que sería trasladado a territorio guatemalteco donde teme ser perseguido por su orientación sexual.
La otra demandante es una madre hondureña que escapó con su hija, después de que su pareja de hecho y la hermana de este fueran asesinados, con lo que decidieron huir al país norteamericano, pero fueron enviadas a Guatemala.
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