Washington, 18 abr (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- El Supremo rechazó hoy revisar el caso de 64 mujeres y niños indocumentados de Centroamérica que demandaron al Gobierno estadounidense al considerar que se aceleró su proceso de deportación sin analizar bien sus peticiones de asilo, y sin poder defenderse debidamente ante un juez de inmigración.
Al negarse a analizar el caso, el Tribunal Supremo dejó en pie la sentencia de la instancia inmediatamente inferior, una corte federal de apelaciones con sede en Filadelfia que, en agosto de 2016, había dado la razón al Gobierno.
La decisión del Supremo mantiene en marcha el proceso de deportación para esas familias, que buscaban que un juez federal evaluara su caso y examinara la legalidad de su proceso de expulsión bajo el auto de habeas corpus.
«Éste es un golpe devastador para estas mujeres y niños, que ahora afrontan la perspectiva de ser devueltos al abuso y peligro del que escaparon», dijo a Efe el principal abogado de las familias afectadas, Lee Gelernt.
«El Gobierno todavía podría hacer lo correcto, si decide repetir su audiencia para que sea justa y liberarlos de la detención», añadió el abogado, que es también el subdirector del proyecto sobre derechos de inmigrantes en la organización de derechos civiles ACLU.
Entre las mujeres afectadas están algunas de las madres que a mediados del año pasado protagonizaron una huelga de hambre en el centro de detención para indocumentados en Berks (Pensilvania), con el fin de pedir su liberación tras una prolongada detención.
Diecinueve de las mujeres y niños afectados por la decisión de hoy siguen detenidos en ese centro en Berks, donde algunos llevan más de un año, según ACLU.
Entre ellos hay una madre de El Salvador y su hija de dos años, que huyeron del país para escapar del padre de la niña, quien violó a la mujer y amenazó con matarla, de acuerdo con la misma organización.
También están en el grupo, según ACLU, una mujer que huyó de Honduras para escapar de un líder de pandilla que amenazó con matarla y secuestrar a su hijo de siete años si no se acostaba con él; y una salvadoreña que escapó junto a su hijo de las amenazas de muerte de una banda criminal.
Ese grupo de 29 mujeres centroamericanas y sus 35 hijos, llegados a Estados Unidos en 2015, demandó al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de administrar la inmigración en el país, con el fin de que se revisara su proceso de deportación.
ACLU argumentó que las autoridades ordenaron la deportación de esas familias «tras una breve entrevista con un funcionario que fue gravemente defectuosa» en términos de debido proceso, y que «ni siquiera tuvieron una oportunidad completa de presentar su reclamo (de asilo) ante un juez de inmigración».
«Si no se concede el derecho a la revisión judicial (por parte de un tribunal federal) en casos como éste, el Gobierno podría deportar a cientos de familias que tienen derecho a asilo y forzarlas a volver al abuso, la violación o la muerte en sus países de origen», advirtió ACLU en su página web.
En cambio, el fiscal general en funciones, Jeffrey Wall, defendió en un escrito ante el Supremo que los extranjeros indocumentados detenidos en la frontera «no pueden invocar la Constitución para pedir que se apliquen medidas» como la audiencia ante un juez federal, porque no tienen ese derecho.
