Por Edgar Castro/LANSING, MI
La Fiscal General Dana Nessel presentó una demanda alegando que el propietario de un negocio de Rockford engañó a los clientes sobre los precios. Choice Tree Service de Michigan y su propietario David Foster están acusados de engañar a los clientes sobre acuerdos y precios de servicios, además de las funciones de los clientes en torno a los precios no cubiertos por las agencias de seguros, según el Departamento de la Fiscal General de Michigan.
De acuerdo a las autoridades, la empresa también incurrió en prácticas de aumento de precios. Según los informes, a un cliente de Grand Rapids se le cobró $39,474.60 para que retiraran un árbol caído de su casa. Se informó que prácticas similares que involucraron a la compañía ocurrieron a raíz de un tornado que arrasó Gaylord hace dos años.
El estado indicó que a la compañía se le envió un aviso de acción prevista en febrero del año pasado, ingresando una Garantía de Cumplimiento Voluntario (AVC) un mes después. La compañía prometió que luego les daría a los clientes cotizaciones por escrito antes de comenzar cualquier proyecto o violaría la Ley de Protección al Consumidor de Michigan (MCPA).
Luego, Foster creó una empresa de remoción de árboles en el estado de Wyoming y procedió a engañar a los clientes de la misma manera que lo había hecho en Michigan, alegan funcionarios estatales.
«Las empresas tienen la obligación en el estado de Michigan de operar de buena fe y tratar de manera justa con los consumidores, según lo codificado en nuestra Ley de Protección al Consumidor», resaltó Nessel. «El patrón que se ve aquí es tremendamente estresante y perjudicial para los consumidores en situaciones urgentes y de emergencia, y me niego a quedarme de brazos cruzados mientras se aprovechan de las personas en circunstancias vulnerables», sentenció.
La demanda afirma que Foster cometió nueve violaciones de la MCPA y violó el acuerdo AVC, dicen los funcionarios. También se le acusa de no presentar adecuadamente un certificado para realizar negocios fuera del estado. Por último, se detalló que Foster y sus empresas deben responder antes del 25 de enero. De no hacerlo, el tribunal solicitará medidas cautelares.
