LOS ÁNGELES
nas 66.000 condenas por delitos relacionados con el consumo de marihuana en Los Ángeles, y que en su mayoría recayeron en latinos, fueron sobreseídas, informó este jueves la Fiscalía de este condado del sur de California.
Unas 62.000 condenas por delitos graves que datan desde 1961 y otras 4.000 faltas en diez ciudades de este condado han sido desestimadas, informó la fiscal Jackie Lacey.
Esta semana, Lacey ingresó en una corte una moción con ese pedido como consecuencia de la Proposición 64, que en 2016 despenalizó en California el consumo de ciertas cantidades de marihuana con fines recreativos.
De las aproximadamente 53.000 personas beneficiadas con la orden judicial, firmada el martes por el magistrado Sam Ohta, cerca de 45% son latinos, 32% son afroamericanos y 20% son blancos no hispanos, según la Fiscalía condal.
«El sobreseimiento de decenas de miles de antiguas condenas relacionadas con el cannabis en el condado de Los Ángeles llevará un alivio muy necesario a las comunidades de color, que sufrieron de manera desproporcionada las injustas consecuencias de leyes sobre drogas de nuestra nación», aseveró Lacey.
La orden judicial se logró con el apoyo de Code for America, una organización no gubernamental de carácter tecnológico y que en este caso desarrolló un algoritmo que permitió analizar rápidamente base de datos del Condado para determinar quienes pueden ser beneficiados con la propuesta.
«La acción de hoy completa nuestro (programa) piloto ‘California borra mi registro’, a través del cual hemos ayudado a desestimar y cerrar más de 85.000 condenas por marihuana a todo lo largo del Estado», afirmó Evonne Silva, directora senior del Programa para Justicia Criminal de Code for America.
La Proposición 64, o Iniciativa para la Legalización de la Marihuana en California, salió adelante en las elecciones de noviembre 2016 con el 57,13 % de votos (7,9 millones).
Posteriormente, en septiembre de 2018 el entonces gobernador estatal Jerry Brown firmó la ley AB1793, que ordenó al Departamento de Justicia de California revisar las sentencias por consumo de marihuana al amparo de la nueva ley y remitir la información a las fiscalías locales. El plazo para que este proceso se complete es el 1 de julio de 2020.
«Mucho tiempo después de pagar sus deudas con la sociedad las personas no deberían continuar enfrentando consecuencias colaterales, como que se le niegue un trabajo o una vivienda porque tienen una condena antigua en su registro», dijo hoy el asambleísta Rob Bonta, que propuso la norma AB1793.
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