Tucson (AZ), 31 oct (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- La muerte del joven Esequiel Hernández por el disparo de un soldado del Ejército en la frontera con México en 1997 es un recordatorio del peligro de enviar tropas a resguardar la zona, tal y como anunció este lunes el Gobierno para detener a los migrantes centroamericanos, advierten expertos.
El envío de 5.200 militares armados a lo largo de esta semana a la frontera sur hace temer que se puedan repetir casos como el de Hernández, un cuidador de ovejas que acababa de cumplir 18 años y era ciudadano estadounidense.
«La historia de Esequiel Hernández es un cruel recordatorio de la peligrosa combinación que es el enviar al Ejército armado a patrulla la frontera», explica a Efe Raquel Rubio GoldSmith, profesora del Instituto Binacional de Inmigración de la Universidad de Arizona (UA).
Esta experta en temas fronterizos considera que el mayor peligro es el propio entrenamiento que tienen los soldados, quienes están preparados para enfrentar al «enemigo» fuera de territorio estadounidense.
«Los soldados desconocen la dinámica de la frontera, la cultura, las tradiciones, y esto puede ser un grave problema», advierte GoldSmith.
El objetivo de los soldados es «endurecer» la frontera y «mejorar» la capacidad de los agentes migratorios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ante la llegada de dos caravanas compuestas por unas 6.500 personas, indicó este lunes el comandante del Mando Norte del Departamento de Defensa, el general Terrence J. O’Shaughnessy.
Estos efectivos se unirán a los más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la zona asistiendo a la Patrulla Fronteriza.
Los militares se limitarán a apoyar a los agentes fronterizos en tareas para detectar actividades ilegales, así como en labores mecánicas, como reparación de vehículos, y ofrecerán cuidados médicos a los migrantes que lo necesiten.
«Cada vez que se habla de la presencia de soldados en la frontera surge de inmediato el nombre de Esequiel Hernández, es una situación que el mismo Ejercito no quiere que vuelva a ocurrir», explica a Efe Timoty Dunn, profesor de sociología en la Universidad de Maryland, quien ha investigado este caso como parte de dos libros que ha escrito sobre la militarización de la frontera.
Los hechos ocurrieron el 20 de mayo de 1997 en la comunidad de Redford, conocida popularmente como «El Polvo», ubicada cerca del Río Grande, en la frontera entre EE.UU y México en Texas.
Hernández murió desangrado tras recibir un tiro que disparó un soldado destinado en ese lugar en tareas de apoyo a la Patrulla Frontera como parte de la lucha del entonces presidente Bill Clinton contra el narcotráfico.
Los soldados, cuya misión era vigilar y reportar a la Patrulla Fronteriza un posible cruce de drogas, no «tenían autorización de entablar contacto con los residentes, pero estaban armados», explica Dunn.
Hernández cuidaba de un rebaño de ovejas y traía consigo un viejo rifle que, aparentemente, disparó hacia el lugar donde se encontraban los soldados, al pensar que allí podía haber perros salvajes que previamente habían atacado a los animales en la zona.
«El problema es que en ningún momento los soldados se identificaron o le advirtieron al joven de su presencia», recuerda el investigador.
Los soldados, quienes notificaron a la Patrulla Fronteriza de lo sucedido, decidieron que si el joven volvía a disparar en su contra responderían.
Y a falta de 300 metros para que el joven llegara a su casa, Hernández aparentemente levantó nuevamente su arma y uno de los soldados le disparó.
«Aunque uno de los soldados estaba entrenado para dar primeros auxilios no intentó ayudar al joven, y la ayuda médica llegó mucho después, cuando ya era muy tarde», cuenta el profesor.
El joven se convirtió en el primer ciudadano en morir a manos de militares activos en territorio estadounidense desde 1970 y su caso acaparó la atención a nivel nacional.
«Creo que hubo mucha mal información, a los soldados prácticamente les dijeron que todas las personas en esta comunidad eran narcotraficantes», dice Dunn.
La comunidad local exigió una investigación de los hechos, el Ejército retiró a los efectivos de la zona y la muerte del joven fue objeto de múltiples investigaciones y tema de debate en el Congreso federal.
Aunque finalmente no se presentaron cargos contra el soldado que disparó ni los tres que lo acompañaban, la familia entabló una demanda civil por la que recibió 1,9 millones de dólares en compensación.
