Por Joel Morales/GRAND RAPIDS, MI
A las muy tempranas horas de la mañana el viernes 15 de diciembre, se anunció desde Costa Rica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló que el gobierno de Guatemala violó los derechos de la gente indígena Q’eqchi’ (aproximadamente 500,000 mil personas de ascendencia Maya que radican en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Baja Verapaz, El Quiché y en el distrito Toledo de Belice), al permitir la minería en tierras tribales por los pasados 20 años.
De acuerdo con el veredicto histórico, el gobierno guatemalteco violó los derechos humanos del pueblo indígena Q’eqchi’ al permitir la construcción de una mina enorme de níquel (elemento químico que es resistente a la oxidación y corrosión), que se utiliza en el blindado del metal y acero endurecido para proteger las fortificaciones o vehículos de fuego enemigo, en ejes propulsores, palas de turbina, baterías, monedas y en los vehículos híbridos entre otras cosas, en tierra donde poblaciones de gentes han estado viviendo desde los años 1800.
La minería, que puede incluir la extracción del carbón, el oro o el mineral de hierro, etc., es el proceso de extraer minerales críticos de la tierra para la revolución de la «energía limpia» y entre otras cosas, para construir parques eólicos (de los que se obtiene la energía del viento), paneles solares y la fabricación de baterías.
El Informador habló con varios miembros de la comunidad guatemalteca para conocer sus opiniones sobre la afirmación descrito por Leonardo Crippa, un abogado con el Centro de Recursos Legales Indígenas como «Un-Avance-Único-en-Un-Siglo», para los derechos indígenas en Guatemala y a nivel internacional.
«Para mí eso yo creo que es muy importante para el bienestar del pueblo donde se está llevando a cabo cada cosa», dijo Juan Carlos Reyes, residente de Wyoming y oriundo del Departamento de Quetzaltenango, Guatemala, el domingo 17 de diciembre. «Creo que hacen bien en proteger al pueblo de todo lo que se hace en cuanto a las minas, porque a veces las minas traen mucha destrucción», agregó.
Reyes añadió que, si ha habido daños causados por la minería allí, que la gente tiene el derecho a pedir algo para restablecer lo que se ha perdido, como daños al ambiente, al pueblo, etc.
«Creo que si se lo merecen y también información que les ayude a saber sobre lo que está pasando. Si la corte se metió, es por algo importante», al igual dijo el hombre guatemalteco.
De su parte, Álvaro Morales, propietario de Tienda La Bendición, ubicada en el 1260 de la avenida S. Division en Grand Rapids, dijo que piensa que las minas son buenas para el país si son explotadas de manera segura, añadiendo que el país debería asegurar que las comunidades tengan beneficios y tratará de compensar a los mineros y las comunidades cercanas, para intentar de favorecer a las comunidades.
«Hay que tener contentos a las comunidades y por no tenerlos contentos, esto es lo que pasa. Mira lo que ha pasado, ha llegado a la corte internacional», manifestó el comerciante, oriundo de San Marcos, Guatemala, que queda a unos 190 kilómetros de los terrenos indígenas. «Si tuvieran buenas escuelas, buenos hospitales, sería una buena manera para que los mineros también dejaran buenos recuerdos», agregó.
Dijo que muchas de las riquezas explotadas en Guatemala son sacadas del país, porque piensan que el indígena nunca se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Declaró que los camiones descomponen los caminos y que no son dignos de componerlos. A la vez, que las compañías mineras y el gobierno de Guatemala son los que se benefician de las minas, pero que no se acuerdan de los que son dueños de los terrenos.
Marco Marroquín, de la capital Guatemala, del Departamento Guatemala, de Guatemala. «En todo Guatemala ha habido excavaciones, ya sea de minerales, de oro, de carbón, de lo que sea y siempre los químicos que utilizan terminan contaminando ya bien sea la tierra, los alrededores, las fuentes de agua y todo esto conlleva que la gente que vive allí termine mal de salud porque ellos dependen mucho de lo que son las fuentes de agua natural», agregó.
Marroquín, quien opera una tiendita dentro de Tienda El Quetzal en el 1301 de la avenida S. Division, dijo estar completamente de acuerdo con la decisión de la corte internacional.
Por su parte encontramos a Juan Boror, de 35 años, de Grand Rapids e originario de San Juan Sacatepéquez, Guatemala y conocida como «La Tierra de las Flores» en la avenida César E. Chávez el lunes 18 de diciembre, quien también dijo estar de acuerdo con la decisión de la corte internacional.
«Está bien que le den título de propiedad a la comunidad porque eso le ayudará a la gente económicamente», dijo Boror, quien señaló que la tierra indígena queda a 150 kilómetros retirada de donde él viene. «Donde yo vivo, allí llegó la mina San Rafael a dividir las comunidades. Allí estuvo difícil, hubo muerte», agregó.
Dijo haber sido testigo de las protestas en la calle, de gente opuesta a que se trabajara en la mina, pero que el gobierno se vendió y la gente terminó haciendo negocio con el gobierno.
Para Vicente Velázquez, también de Grand Rapids, oriundo de Tacanas, San Marcos, Guatemala y dueño de Tienda Xela, negocio de abarrotes en el 1509 de la avenida César E. Chávez SW, sería mejor retirar la mina de los terrenos indígenas, para que no haya más contaminación y la gente no se siga enfermando.
«Creo que deberían pararlo (la minería) y no seguir más para que la gente ya no se siga enfermando», dijo el negociante guatemalteco. «La gente ahora tiene que recuperarse y espero que el gobierno ayude con los gastos, porque si no, mucha gente se va a contaminar», concluyó.
