Denver (CO), 7 dic (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Un inmigrante latino residente en Nebraska se declaró culpable en la corte federal de colaborar en una operación que desde 2015 llevaba inmigrantes mexicanos indocumentados a ese estado y al de Minnesota para trabajar en granjas locales, revelaron hoy autoridades federales.
Antonio De Jesús Castro, de 22 años, aceptó este último martes ser culpable de un cargo de conspiración, por haber sido parte de un entramado ilegal que usaba dos empresas de su padrastro Juan Pablo Sánchez Delgado, también arrestado y considerado el cabecilla de las operaciones.
Por su declaración, Castro ya no debe responder a cargos más severos como fraude inmigratorio y lavado de dinero. Sin embargo, podría ser condenado a diez años en una prisión federal cuando se conozca su sentencia en marzo próximo.
Castro y Delgado, junto con familiares y allegados, administraban JP & Son, una agencia de trabajo temporal que tenía oficinas en O’Neill, una localidad de poco menos de 4.000 habitantes y ubicada a 100 kilómetros al noroeste de Lincoln, la capital de Nebraska.
En julio pasado, agentes de ICE realizaron una redada en O’Neill que concluyó en el arresto de 100 indocumentados y 16 asociados de Delgado y de Castro, tanto extranjeros como estadounidenses.
Un mes después, un jurado especial presentó cargos contra ocho de esos asociados por tráfico de personas, con unas 150 posibles víctimas incluyendo esposa, hermana, hermano, hijo y una sobrina de Delgado.
En aquel momento, un comunicado oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), calificó el crimen como una «red de tráfico de personas» y de «explotación de inmigrantes», cargos que tanto Delgado como Castro negaron durante sus audiencias judiciales.
La fiscal a cargo del caso, Lesley Woods, afirmó que la agencia JP & Son se utilizaba para proveer trabajadores a tres granjas de la zona y otras en Minnesota.
En Nebraska, los dueños de las granjas Elkhorn River Farms, O’Neill Ventures y GJW LLC también enfrentan cargos federales, acusados de contratar a extranjeros sin verificar su documentación.
Según órganos de justicia, se obligaba a los indocumentados a trabajar 70 horas por semana, se les pagaba menos que el mínimo establecido por la ley, se les descontaba dinero indebidamente de sus pagos y se les negaban beneficios como horas extras, vacaciones o cobertura médica.
Un elemento clave era darles identidades falsas.
De acuerdo con la justicia, esa era la tarea de Lillian Ajin, quien trabajaba en un hospital en O’Neill y usaba información de los pacientes para crear las identidades falsas. El mes pasado, Ajin se declaró culpable de los cargos en su contra.
Las investigaciones comenzaron en abril de 2017 cuando agentes federales detectaron un inusual número de personas cambiando cheques de salarios en una tienda de alimentos propiedad de Delgado.
