Por Héctor Loya/ El Informador
GRAND RAPIDS, MI .-
a Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan (ACLU) en trabajo conjunto con los abogados de Loevy & Loevy, han presentado una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. por los registros relacionados con la detención injustificada del ex veterano del Cuerpo de Marines y ciudadano estadounidense Jilmar Ramos Gómez.
El 21 de noviembre de 2018, Ramos Gómez sufrió un episodio de salud mental relacionado con el TEPT y la policía de Grand Rapids lo arrestó en el techo del hospital Spectrum Health en Grand Rapids luego de iniciar un pequeño incendio.
Un capitán de GRPD denuncio a Ramos con las autoridades de ICE por su apariencia hispana y les pidió que «verificaran su estado». A pesar de la amplia evidencia de su ciudadanía estadounidense, Ramos fue arrestado por ICE el 14 de diciembre de 2018, el día en que debía ser liberado de la Cárcel del Condado de Kent, a causa de esto el hombre tuvo que pasar tres días en detención donde él y sus compañeros fueron maltratados y ridiculizados.
Luego de esto se inició una investigación por parte del departamento de policía, pero el capitán fue rápidamente exonerado de toda culpa, el Departamento de Derechos Civiles de Michigan presentó una denuncia contra las acciones del capitán del GRPD, en la cual alegaban que actuó bajo principios de discriminación racial en contra de Ramos Gómez.
Durante un juicio de apelación La asociación ganó la denuncia y el administrador de la ciudad tomó la decisión de suspender al oficial Vanderkooi por dos días sin paga y someterlo bajo nuevo adiestramiento.
Recientemente se dio a conocer la noticia de que la ciudad de Grand Rapids otorgó un pago de indemnización a Ramos por la cantidad de $190,000 dólares en compensación a los daños recibidos por los oficiales de la ciudad.
Ahora una nueva demanda fue presentada el miércoles 20 de noviembre contra ICE con el propósito de hacer justicia sobre la detención, no solo de Jilmar Ramos, sino también de otros ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales e inmigrantes legales que han sido detenidos y deportados por la institución.
ACLU y los abogados cooperantes también presentaron un reclamo administrativo contra ICE y DHS en busca de daños y perjuicios para Ramos Gómez en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA). El reclamo expone que ICE lo detuvo injustamente y aun sabiendo esto intentó deportarlo.
Alegan también que gracias a la detención injusta de Ramos es que empeoró su salud mental, hasta el punto de que requirió hospitalización poco después de su liberación; según los abogados después de este trauma él rara vez sale de su casa o pasa tiempo en su comunidad.
