Chicago (IL), 6 dic (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
La población indocumentada de Illinois está envejeciendo y en los próximos 10 años aumentará más de 12 veces, según un estudio divulgado este viernes que recomienda cambios como el adoptado por este estado para dar seguro médico gratuito a los adultos mayores que no tienen papeles.
“El movimiento de la población hacia la vejez tiene implicaciones sustanciales para los sistemas públicos de salud, y en el caso de los inmigrantes adultos mayores sin papeles es algo que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora”, declaró a Efe Padraic Stanley, asistente social del Hospital Rush.
Este hospital fue una de las instituciones que encargó un estudio sobre el envejecimiento de la población inmigrante indocumentada, el primero de su tipo en el país y a cargo del investigador Rob Paral de Chicago. El trabajo señala que la población de adultos sin papeles de 65 a 74 años en Illinois aumentará más de 12 veces para 2030, de los 3.986 actuales a 55.154.
En ese momento, el mosaico de recursos para atender las necesidades de esos inmigrantes, que en su mayoría son de origen mexicano, no será suficiente y es por eso que se recomiendan cambios estructurales.
El nuevo seguro para indocumentados tipo Medicaid de Illinois fue incluido en el presupuesto del estado y comenzó a inscribir este mes a los primeros 2.000 beneficiarios, que pueden obtener el reembolso retroactivo de gastos realizados en cuidados primarios.
Tiene un costo estimado en unos cinco millones de dólares anuales, una cifra que puede resultar pequeña si se consideran los gastos que tienen los sistemas públicos de salud en todo el estado para atender las necesidades médicas y de servicios sociales de esas personas.
También es insignificante si se compara con la contribución de 758 millones de dólares anuales en impuestos locales y estatales que hacen los indocumentados en Illinois, según cifras de 2017.
“Hasta ahora, siempre que hablamos de indocumentados nos referimos a los jóvenes, pero la realidad también involucra a nuestros padres que cada día necesitan más ayuda”, dijo Stanley.
Según el estudio, debido a que los adultos mayores indocumentados no pueden acceder a muchos servicios de los que dependen para un envejecimiento saludable, los proveedores de atención médica y el personal de apoyo como trabajadores sociales, enfermeras y terapeutas ocupacionales y físicos, “deben idear soluciones creativas e innovadoras para brindar atención a sus pacientes”.
Esto incluye depender de recursos informales, de la atención de caridad o de organizaciones filantrópicas, e imponer cargas pesadas a los cuidadores familiares.
“La práctica actual de crear un mosaico de recursos formales e informales únicos para cada paciente adulto mayor indocumentado no será sostenible a medida que la población siga creciendo. Los actuales sistemas de salud y servicios sociales no están preparados”, agrega.
Stanley dijo que las familias y comunidades pagan el inmenso costo social de las disparidades en la atención, pero también las organizaciones de atención médica soportan una enorme carga financiera en gastos de atención médica, atención caritativa y asistencia financiera, visitas al departamento de emergencias, hospitalizaciones y readmisiones.
Asimismo, en Illinois hay muchos servicios de psicoterapia domiciliarios creados especialmente para adultos mayores y personas con discapacidades, que tampoco son accesibles para los indocumentados y sin seguro.
El estudio también destaca que debido a que las personas indocumentadas no pueden obtener beneficios de jubilación o seguro médico público, esto lleva a que permanezcan en la fuerza laboral por más tiempo, particularmente en trabajos físicamente exigentes como la construcción, la industria de servicios y el trabajo de cuidado.
Si bien algunos de estos trabajos pueden proporcionar seguro médico para empleados indocumentados, para muchos de estos trabajadores el único beneficio es el pago.
Las exigencias físicas de estos trabajos, además del hecho de que los indocumentados trabajan hasta edades más avanzadas y con menos derechos y protecciones, generan un riesgo preocupante de lesiones ocupacionales.