Chicago (IL), 22 nov (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- La indocumentada mexicana Francisca Lino, que desde finales de agosto está refugiada en la iglesia metodista Adalberto de Chicago para evitar la deportación, demandó hoy al Gobierno por violación de sus derechos al debido proceso y pide una compensación económica.
Los abogados argumentaron en un escrito presentado en la corte federal del Distrito Norte de Illinois que Lino, a pesar de ser indocumentada, ha vivido 18 años en Estados Unidos en base a apelaciones y a la supervisión anual de las autoridades de inmigración.
Durante ese tiempo, con su esposo, que es ciudadano, compró una casa, tuvo tres hijos, ha estado empleada y pagó sus impuestos.
Sin embargo, agrega la demanda, durante todo el proceso migratorio se habrían violado las garantías del debido proceso porque se ordenó su deportación sin una audiencia ante un juez, y se le presentaron documentos en inglés, cuando Lino solamente habla y entiende español.
El abogado Chris Bergin informó hoy a Efe de que se busca demostrar la inconstitucionalidad de la orden inicial de expulsión, emitida en 1999, porque de esa manera Lino tendría posibilidad de solicitar una tarjeta de residente a través de su esposo estadounidense.
En la demanda, que pide además una compensación económica, se señala que Lino, de 50 años, ha sufrido por su falta de estatus legal la pérdida de libertad, estrés, ansiedad y problemas físicos.
«Se violaron mis derechos, nadie me explicó qué tenía que hacer, yo no entendía el idioma y nunca me explicaron que me iban a deportar», declaró Lino a Efe.
Lino buscó santuario el 23 de agosto en la misma Iglesia Adalberto, que protegió hace diez años a la activista Elvira Arellano, cuando se tenía que presentar en Inmigración con su pasaporte en regla para viajar a México, en cumplimiento de una orden de deportación que ha venido apelando desde 2005.
En la demanda se detalla que la mexicana fue detenida por Inmigración primera vez en 1999 en El Paso, Texas, pero volvió a cruzar la frontera a los pocos meses.
En 2001 se casó con un ciudadano estadounidense pero al presentarse en 2005 a una audiencia en Chicago para obtener la residencia legal, quedó detenida durante 21 días, hasta que su esposo pagó una fianza.
Desde entonces ha permanecido en el país sobre la base de apelaciones y suspensiones temporales de la deportación, con el apoyo de figuras políticas demócratas de Illinois, como el congresista Luis Gutiérrez y el senador Ronald Burris, quien presentó una ley privada para otorgarle estatus de residente, pero que nunca fue considerada.
