Los Ángeles (EFE)
En la frontera sur de Estados Unidos, jóvenes inmigrantes están mintiendo sobre su edad y se hacen pasar por menores no acompañados para así tener más opciones de no ser expulsados hacia México, pero lo hacen sin saber que es un delito federal y las autoridades más pronto que tarde los suelen descubrir, complicando aun más la consecución de su «sueño americano”.
La práctica se evidenció esta semana cuando un gran jurado federal emitió acusaciones contra cuatro jóvenes inmigrantes que llegaron recientemente al país y afirmaron falsamente que eran menores de 18 años, advirtió en un comunicado la fiscal federal interina Jennifer Lowery en McAllen, Texas. Los acusados son Fernando Antonio Flores-Gálvez, de 19 años; José Alfredo Sandoval-Hernández, de 23; Osmin Trochez-Miranda, de 24; y Sergio Galindo Chun-Cucul, de 23.
Cada una de las acusaciones indica que los jóvenes indocumentados cruzaron el Río Grande, en Texas, en los pasados dos meses y fueron detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP). Los jóvenes supuestamente afirmaron a los agentes federales ser menores de edad para que pudieran ser liberados dentro de Estados Unidos, detalla la acusación. Bajo el Acuerdo Flores, los menores no acompañados detenidos en la frontera de Estados Unidos deben pasar no más de 20 días bajo la custodia de CBP, y se les debe garantizar la protección.
Aquellos que cumplen 18 años bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos son liberados bajo su propia responsabilidad para que sigan sus casos migratorios en libertad. En un comunicado enviado a Efe, CBP explicó que la agencia recopila información biográfica y de otro tipo para determinar la edad de los inmigrantes. La agencia destaca que al encontrar discrepancias recurre a “los socios” estatales y locales encargados de hacer cumplir las leyes federales, “cuando sea apropiado para una mayor investigación y enjuiciamiento”.
Lo que pudiera ser una vía rápida para quedarse en Estados Unidos se puede convertir en un dolor de cabeza, que incluso puede llevar a los indocumentados a una cárcel federal. Angela Dodge, vocera del Departamento de Justicia para el Distrito Sur de Texas, donde se está juzgando a los cuatro inmigrantes, explicó que es “ilegal hacer a sabiendas y deliberadamente una declaración o representación materialmente falsa, ficticia o fraudulenta en un asunto bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial del Gobierno”.
En pocas palabras, mentir a un funcionario es un crimen que puede ser juzgado y que puede llevar una condena.
