Los Ángeles, 3 jul (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).-
na jueza federal en Seattle, estado de Washington, bloqueó este martes una medida de la Administración de Donald Trump que negaba audiencias de fianza a los solicitantes de asilo mientras esperaban la resolución de sus casos.
La magistrada Marsha Pechman dictaminó que los peticionarios de asilo que entran al país tienen derecho a audiencias de fianza y que además la Constitución les otorga el derecho a ser puestos en libertad.
La decisión de Pechman responde a una demanda entablada por grupos a favor de los inmigrantes luego de que el fiscal general William Barr anunciará en abril pasado que el gobierno no ofrecería más este tipo de audiencias y mantendría bajo custodia a los solicitantes de asilo, ello con el fin de disuadir el flujo migratorio en la frontera sur.
La medida hubiera supuesto el encierro de miles de solicitantes de asilo por seis meses, o más, de acuerdo a estos grupos.
La jueza ordenó que el Gobierno debe fijar las audiencias de fianza para los solicitantes que demuestren un «miedo creíble» de persecución o tortura si vuelven a sus países de origen en un plazo no mayor de siete días una vez hecha la petición.
Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y American Immigration Council fueron las organizaciones que interpusieron la demanda.
«El tribunal reafirmó lo que se ha resuelto durante décadas: Que los solicitantes de asilo que ingresan a este país tienen derecho a estar libres de detención arbitraria», dijo el director de NWIRP Matt Adams.
«Miles de solicitantes de asilo podrán seguir siendo liberados bajo fianza, mientras buscan protección contra la persecución y la tortura», agregó en declaraciones recogidas en un comunicado.
Por su parte, el abogado de ACLU Michael Tan aseguró que «por más que intente, la administración Trump no puede eludir la Constitución en su esfuerzo por disuadir y castigar a los solicitantes de asilo que piden protección».
Para la abogada de American Immigration Council Trina Realmuto, la decisión de hoy protege a muchos solicitantes de asilo de «los esfuerzos ilegales» del fiscal general Barr.
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