San Francisco, 9 abr (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Un juez federal en California bloqueó la política del Gobierno que dirige Donald Trump de mandar a México -aunque ese no sea su lugar de origen- a las personas que solicitan asilo en el país mientras se consideran sus casos.
El juez Richard Seeborg, del distrito Norte de California, con sede en San Francisco, emitió este lunes una orden preliminar que entrará en efecto el próximo viernes, momento a partir del cual la Administración estadounidense «no podrá implementar o expandir el programa» de envío a México de los demandantes de asilo.
Además, el magistrado requirió que se permita a los 11 solicitantes en nombre de quienes se presentó la querella volver a entrar a territorio estadounidense.
«El fallo de hoy significa que nadie más podrá ser mandado a México. (El Gobierno) no puede forzar esta política», indicó tras conocerse la decisión judicial la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) Judy Rabinovitz.
la ACLU representó a los querellantes en la demanda junto al Centro Legal para la Pobreza Sureña (SPLC) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, que durante sus vistas ante el juez acusaron al Gobierno de tratar a los inmigrantes de forma «inhumana y contraria a la ley».
La abogada Melissa Crow, del SPLC, destacó que el fallo «evitará que individuos increíblemente vulnerables queden atrapados en condiciones peligrosas en México».
La política de enviar a México a los demandantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se han enviado a ese país a unas 400 personas, según cifras de Departamento de Seguridad Nacional, responsable de su implementación.
La resolución judicial tuvo lugar un día después de la renuncia de la hasta ayer secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien hace solo unas semanas había anunciado planes para expandir el programa.
La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses.
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