Los Ángeles, 23 dic (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
La suerte del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sigue todavía en suspenso luego de que este martes un juez federal en Texas escuchara los argumentos a favor y en contra sobre la legalidad de este beneficio federal, que ampara a unos 650.000 jóvenes indocumentados, pero no tome todavía una decisión.
Por más de tres horas, el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, oyó los argumentos de Texas y otros ocho estados que señalan que este programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama es inconstitucional y que el mandatario excedió sus poderes ejecutivos.
De la otra parte, el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso, pidió al juez que desestime la demanda, entablada en 2018, dado que Obama sí tenía autoridad para establecer este beneficio migratorio.
Se espera que Hanen emita su decisión por escrito en las próximas semanas, aunque antes podría querer escuchar nuevamente a los abogados de ambas partes, como dijo a los medios Nina Perales, abogada de MALDEF.
El panorama inmediato no es tan desalentador para los beneficiados del amparo, a los que se les conoce como «soñadores», ya que en la audiencia los abogados que representan a la parte demandante aclararon que no piden que se tomen medidas rápidas contra DACA.
Tood Disher, abogado de la Fiscalía de Texas, estado que encabeza la querella legal, explicó que incluso no solicitan que se deseche por completo el programa.
Por su parte, el magistrado Hanen, quien en 2015 falló en contra de un programa parecido que cobijaba a los padres de los «soñadores», subrayó hoy la diferencia entre ambos programas, ya que DACA ha obtenido luz verde de la Corte Suprema, mientras que el segundo, al que se llamó DAPA, fue detenido antes de ser implementado.
El pasado 18 de junio, el máximo tribunal concluyó que la Administración del presidente saliente, Donald Trump, no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA.
«La decisión del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa», escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora, en un argumento al que se sumaron los cuatro jueces progresistas de la Corte.
La Casa Blanca reinstauró el programa pero sin recibir nuevas aplicaciones, y reduciendo la vigencia del permiso de trabajo y el amparo a un año, entre otras limitaciones. Sin embargo una corte de Nueva York, ordenó en noviembre pasado a la Administración restablecer por completo el programa.
EL ESCOLLO DE TEXAS
En medio del tire y afloje, el caso de Texas representa otro desafío para los jóvenes beneficiados y los nuevos peticionarios de DACA que apenas comenzaron a realizar sus solicitudes.
Hanen dijo previamente que DACA fue aprobada ilegalmente por la Administración Obama porque no siguió las reglas de la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), que requieren dar al público una oportunidad para realizar comentarios, y si es necesario se realicen cambios a la propuesta.
En la audiencia de hoy, el magistrado dedicó varias preguntas sobre este tema a las dos partes.
Una de las posibilidades que se discuten es que el DHS ponga fin a la cuestión al colocar el programa en un período de comentarios públicos y notificaciones antes de poner el programa nuevamente en marcha.
El presidente electo, el demócrata Joe Biden, prometió en la campaña que restablecería el programa por completo tras la batalla que han librado los “soñadores”, quienes han encontrado oposición en los estados de mayoría conservadora y la Administración de Donald Trump.
La decisión de Hanen puede marcar un nuevo obstáculo para el gobierno entrante sobre su capacidad para mantener el programa o extenderlo.
En este sentido Thomas Sáenz, presidente de MALDEF, insistió que “DACA tiene que ser reemplazado por un enfoque legislativo”.
El desafio legal emprendido por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, es apoyado por los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina, y West Virginia.
