Miami (EFE)
Una corte federal rechazó un pedido preliminar para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) acelere las renovaciones de permisos de trabajo para solicitantes de asilo, lo que pone, según los demandantes, a miles de ellos en riesgo de perder sus empleos. Este miércoles una juez del Distrito Norte de California denegó el pedido relacionado con el caso Tony N. contra USCIS sobre las «demoras extremas» de esta agencia federal y rechazó ordenarle que procese las solicitudes de renovación de permisos de trabajo dentro de la extensión automática de 180 días de la autorización de empleo.
La demanda busca obligar a USCIS a «procesar oportunamente» las renovaciones de permisos de trabajo para los solicitantes de asilo que necesitan esa autorización para mantener o reanudar su empleo mientras esperan la adjudicación de sus solicitudes de asilo. Los demandantes -el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo (ASAP) y Lakin & Wille- alegan que USCIS ha retrasado la renovación de este tipo de autorización de trabajo «hasta once meses o más».
Y todo mientras Estados Unidos enfrenta a una escasez generalizada de trabajadores a nivel nacional. Emma Winger, abogada del personal del Consejo Estadounidense de Inmigración, lamentó una decisión judicial que deja a «tantas personas sin trabajos que necesitan para mantenerse a sí mismos y a sus familias». A pesar de ello, instó a USCIS a procesar oportunamente las renovaciones de permisos de trabajo para los solicitantes de asilo.
Uno de los afectados es Dayana Vera de Aponte, miembro del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo de Venezuela y demandante en el caso. Vera de Aponte explicó que ha pasado más de un mes desde que perdió su trabajo, periodo que a la juez Maxine M. Chesney le pareció que es «relativamente corto», aunque para la solicitante de asilo sin duda tiene un «impacto» en su familia. «No solo estamos perdiendo pagos y pidiendo dinero prestado a amigos y familiares, sino que estamos ansiosos y deprimidos, y no tenemos idea de cuánto durará este período de desempleo», dijo.
Zachary Manfredi, director de litigios de ASAP, cifró en «cientos, si no miles» los miembros de su organización que perderán sus trabajos como resultado de la decisión del tribunal de no tomar medidas preliminares. Manfredi destacó que el Gobierno tiene la autoridad para extender estos permisos de trabajo y dijo que confía que la Administración se percate de la «crisis que sus retrasos» han creado para los solicitantes de asilo.
