Washington, 12 feb (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
El Gobierno de Joe Biden reabrirá a partir del 19 de febrero los casos de los solicitantes de asilo devueltos a México por un programa del expresidente Donald Trump que obligaba a estas personas a permanecer en ese país a la espera de sus citas en cortes de inmigración estadounidenses.
Así lo anunció este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está a cargo de la inmigración y la protección de las fronteras en Estados Unidos, al indicar que se trata de la «fase uno» de un programa «para restaurar el procesamiento seguro y ordenado» de inmigrantes en la frontera sur.
El DHS estima que unas 25.000 personas tienen casos activos bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés), el programa establecido por Trump y también conocido como «Permanezca en México».
A raíz de la pandemia, el Gobierno de Trump y el de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acordaron cerrar su frontera terrestre para viajes no esenciales, es decir, aquellos con fines de ocio o turísticos, desde marzo de 2020.
Esa medida se fue extendiendo y permanece vigente.
Trump postergó también todas las audiencias para solicitantes de asilo que esperan su trámite en México y a quienes les asignaron nuevas fechas debido al cierre fronterizo.
La decisión anunciada por el Gobierno de Biden no abarca a los nuevos solicitantes de asilo y a quienes hayan sido devueltos a México sin ser parte del plan que Trump puso en marcha en enero de 2019.
«El Gobierno de Estados Unidos está comprometido con la reconstrucción de un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano», señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
Pero aclaró que «las personas que no son elegibles en esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera».
«Las restricciones en la frontera siguen vigentes y se harán cumplir», agregó Mayorkas, el primer hispano en ocupar ese cargo.
La nota del DHS subrayó que este anuncio «no debe interpretarse como una oportunidad para que las personas migren de manera irregular a Estados Unidos».
REGISTRO VIRTUAL
El DHS anticipó que, para atender a estas personas -muchas de las cuales aguardan desde hace más de un año la respuesta a su petición- se anunciará un proceso de registro virtual, que permitirá proporcionar de vuelta a los inscritos información sobre dónde y cuándo presentarse.
«Las personas no deben acercarse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan», agregó la nota, según la cual estos inmigrantes solo tendrán acceso «a través de los puertos de entrada designados, en horarios designados».
Funcionarios de la Administración de Biden explicaron en una llamada con periodistas que una vez se cuente con la información requerida y se les practiquen las prueba de la covid-19 a estas personas, serán trasladadas a los puertos de entrada para ser procesadas «muy rápidamente».
Los funcionarios esperan que se puedan procesar «300 individuos por día» y declinaron confirmar de inmediato en qué puertos de entrada con México arrancará el proceso, aunque medios locales anticiparon que se reanudará la atención en al menos tres puntos, incluido uno en el Valle del Río Grande (Texas).
El Ejecutivo de Biden planea inscribir a estos inmigrantes en «programas alternativos a la detención y asegurar que puedan llegar a sus destinos finales», lo que implicaría que sus casos sean igualmente transferidos al lugar más cercano a su nueva ubicación.
El pasado 20 de enero, la Administración de Biden anunció la suspensión, a partir del día siguiente, de las nuevas inscripciones en el programa «Permanezcan en México».
Cobijado por ese programa, el Gobierno de Trump envió a más de 60.000 indocumentados, en su gran mayoría centroamericanos, que cruzaron la frontera en busca de un asilo a esperar en México sus citas ante un juez, lo que puede tomar meses.
Trump implementó esa política tras el repunte de las detenciones en la frontera con México, que en mayo de 2019 alcanzaron la cota histórica de 132.856 casos y el entonces mandatario tipificó como una «crisis humanitaria».
