Los Ángeles (EFE)
La decisión de un juez federal de detener la aprobación de nuevas solicitudes de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha dejado por el piso las esperanzas de miles de indocumentados y sus familias, que confiaban con al menos obtener un permiso de trabajo y evitar la deportación. El juez del Tribunal de Distrito del sur de Texas Andrew Hanen dictaminó este viernes que el gobierno de Barack Obama (2009-2017) violó la ley cuando creó DACA, por lo que prohibió conceder nuevos permisos bajo este amparo creado en 2012 para proteger a cientos de miles de jóvenes indocumentados que habían entrado al país de manera irregular cuando eran unos niños.
“Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo a Efe Beatriz, una madre indocumentada residente de Arizona que estaba esperando que el Gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años. La inmigrante fue la encargada de decirle a su hijo mayor que por ahora tendrá que “detener sus sueños” de poder continuar sus estudios superiores, pues en muchos estados los indocumentados no pueden recibir becas y deben pagar matrículas universitarias mucho más caras. Alberto, nacido en Oaxaca (México), llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años y desde que DACA fue creado en 2012 la familia y él habían estado esperando para que cumpliera 15 años y fuera elegible para solicitar el beneficio.
El primer gran golpe que recibió Alberto, y sus padres fue en el 2017 cuando el gobierno de Donald Trump puso fin al beneficio, y se desató una lucha en las cortes para salvar el programa. Beatriz describe la situación como una montaña rusa que no se detiene. El último gran momento de felicidad fue en diciembre pasado cuando un juez federal de Nueva York ordenó al Gobierno restablecer el programa.
Apoyado por Arizona Dream Act Coalition, Alberto se arriesgó a enviar su solicitud en diciembre 23 de 2020. Un día antes de Navidad esperando que el amparo se convirtiera en el regalo que había estado esperando. Pero pasaron casi siete meses y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no envío al joven ni siquiera una cita para tomarse los datos biométricos, un paso previo para la aprobación del amparo. “Nos quedamos esperando”, explica la madre que confiesa que aún no sale del impacto emocional que le causó el fallo.
Alberto y Beatriz no fueron los únicos que se quedaron esperando, más de 50.000 jóvenes indocumentados que solicitaron por primera vez serán afectados, según datos de USCIS. Para el 1 de abril había 55.550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse por USCIS. A este número se debe añadir las nuevas solicitudes recibidas en abril, mayo, junio y parte de julio. El retraso en el procesamiento de las solicitudes había hecho que legisladores como el senador demócrata Dick Durbin consideraran “inaceptable» la situación y habían urgido recientemente al gobierno del presidente, Joe Biden, a agilizar el proceso.
“No tomaron nuestra situación en serio”, reprocha a la administración demócrata la salvadoreña Claudia C, residente de Los Ángeles y una de las afectadas por la decisión de Hanen. Claudia envío su solicitud como nueva beneficiaria de DACA en febrero pasado y, aunque la joven de 20 años alcanzó a presentarse a la toma de huellas y datos biométricos, aún no ha recibido ningún aviso de la aprobación del amparo. Pero la joven espera que el Gobierno Biden intente por lo menos encontrar un camino para proteger a los indocumentados que enviaron sus solicitudes y aguardaban respuesta.
“Crecí escuchando promesas para mi y mi familia pero ninguna se ha cumplido. Es muy desalentador”, confiesa la indocumentada nacida en El Salvador. Tras el fallo de Hanen, la presión también se volcó sobre el Congreso, especialmente el Senado, que mantiene sin debatir varias propuestas para legalizar a los jóvenes «soñadores». En este sentido, Claudia recuerda el proceso de 2017, cuando el expresidente Donald Trump dio a los congresistas seis meses para buscar una solución definitivamente. “Parece que fuéramos un juguete”, subraya.
Aunque el fallo de Hanen no afectó a los cerca de 650.000 amparados actualmente por DACA y sus futuras renovaciones, la organización United We Dream advirtió a sus miembros que los permisos de salida conocidos como “Advance Parole” están cerrados para los beneficiados por el amparo. Al escuchar esta advertencia, Beatriz se preocupó por su amiga Karina Ruiz, directora de Arizona Dream Act Coalition, y amparada por DACA que se encuentra en México tras conseguir un permiso de salida.
En una conferencia de prensa tras el fallo, Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano (MALDEF), la organización sin fines de lucro que defendió a los «soñadores» en esta demanda, dijo que están evaluando si apelan el fallo, y llevan la lucha hasta el Tribunal Supremo, que ya en el 2020 estuvo a favor del programa.
