La familia de Melissa Pérez, que fue abatida mortalmente en su casa por la policía de San Antonio en junio, presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad y los tres agentes implicados, que fueron acusados de homicidio.
La demanda afirma que las «políticas formales e informales del Departamento de Policía de San Antonio fueron determinantes en la muerte» de la mujer de 46 años. También afirma que las políticas del departamento de policía relativas a las llamadas de salud mental y la unidad de salud mental causaron la muerte de Pérez.
Según la denuncia, «el hecho de que el departamento no disciplinara sistemáticamente a sus agentes creó una cultura de tolerancia hacia el uso indebido e inconstitucional de fuerza excesiva».
El encuentro de la policía con Pérez se produjo el 23 de junio después de que los agentes respondieran a una llamada sobre una mujer que cortaba los cables de un sistema de alarma contra incendios en su complejo de apartamentos, dijo el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, en una conferencia de prensa poco después del tiroteo.
«Parecía que la Sra. Pérez sufría una crisis de salud mental», dijo el jefe.
Tras hablar inicialmente con los agentes en el exterior, Pérez volvió a entrar en su apartamento y cerró la puerta con llave, según McManus. Más tarde, un agente intentó abrir una ventana y Pérez le arrojó un candelabro de cristal, según McManus.
En un momento dado, Pérez blandió un martillo contra un agente, pero golpeó la ventana y la rompió, según la policía. Uno de los agentes abrió fuego, según McManus, pero Pérez no fue alcanzada y en el video de las cámaras corporales de los agentes aún se le podía oír hablando.
A continuación, «avanzó de nuevo hacia la ventana mientras seguía sosteniendo el martillo, y los tres agentes abrieron fuego», dijo McManus. Murió en el lugar de los hechos.
Aunque supuestamente se estaba acercando a los agentes con un martillo cuando abrieron fuego, la orden de detención dice que Pérez «no suponía una amenaza inminente de lesiones corporales graves o la muerte cuando le dispararon porque los acusados tenían una pared, una ventana bloqueada por un televisor y una puerta cerrada entre ellos».
El agente Eleazar Alejandro, de 28 años; el sargento Alfred Flores, de 45, y el agente Nathaniel Villalobos, de 27, fueron acusados de homicidio menos de 24 horas después del encuentro.
Los tres están suspendidos del cuerpo sin sueldo mientras continúa la investigación. Fueron puestos en libertad bajo fianza de US$ 100.000, según los registros de la cárcel del condado de Bexar, y ninguno hizo comentarios a CNN en ese momento. Los tres fueron suspendidos sin sueldo, según un portavoz de la ciudad.
La familia de Pérez pide ahora una indemnización «por un importe proporcional al daño causado» y que «se aborden las mejoras que es preciso introducir, y luego se haga el duro trabajo necesario para garantizar que Melissa Pérez sea la última persona de San Antonio asesinada injustamente por la policía».
Los demandantes «tienen quejas serias y legítimas contra los responsables políticos de la ciudad de San Antonio… por las políticas, procedimientos, formación y falta de aplicación que condujeron directamente a este tiroteo. Los demandantes creen firmemente que la propia ciudad también es responsable de la muerte de la Sra. Pérez», dice la demanda.
«Los responsables políticos de la ciudad actuaron con indiferencia deliberada ante las violaciones constitucionales conocidas u obvias que se derivarían de tales políticas», se lee en el documento.
Las autoridades de la ciudad de San Antonio dijeron que «buscarán una resolución rápida a través del sistema judicial», según un comunicado.
«El Departamento de Policía de San Antonio tiene una formación, políticas y procedimientos bien establecidos que preservan los derechos constitucionales de nuestros residentes. Los agentes implicados en este incidente no siguieron la formación, las políticas y los procedimientos adecuados», declaró el abogado de la ciudad de San Antonio, Andy Segovia.
CNN se puso en contacto con el Departamento de Policía de San Antonio y con los tres agentes para solicitar sus comentarios.
En un comunicado, el jefe del sindicato de la policía de San Antonio expresó sus condolencias a la familia de Pérez. El presidente de la Asociación de Agentes de Policía de San Antonio, Danny Díaz, dijo que McManus «siguió todos los protocolos necesarios» tras el tiroteo.
Díaz «no puede hablar más sobre el asunto hasta que la investigación haya concluido y el proceso judicial esté en proceso», señala el comunicado.
Los hijos de Pérez, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 24 años, fueron golpeados por un «dolor incomprensible» tras la muerte de su madre, declaró la semana pasada a CNN el abogado de la familia, Dan Packard.
«No hay palabras para explicar a un niño de 9 años cómo tres agentes de policía pensaron que estaba bien disparar a esta mujer al unísono mientras estaba en su propia casa detrás de una pared», afirmó Packard.
