Por Héctor Loya/DETROIT, MI
La gobernadora Gretchen Whitmer firmó otra extensión de una ley que hace que las personas condenadas por delitos, generalmente con bajos ingresos, sean responsables de una parte de los gastos de los tribunales locales.
La ley, que recauda millones de dólares para los gobiernos locales, no se aplica a otros que utilizan el sistema judicial de Michigan. Ha sido criticado, incluso por los jueces, como mínimo injusto e inconstitucional en el peor. La primavera pasada, la Corte Suprema del estado escuchó un desafío de un hombre al que se le ordenó pagar $1,200 en el condado de Alpena. Pero en lugar de resolver el asunto, el tribunal dijo que escucharía más argumentos durante su mandato de 2022-23.
En septiembre, la Legislatura votó a favor de mantener la ley vigente durante 18 meses más. Solo 17 legisladores se opusieron. Whitmer, demócrata, dijo que firmó la extensión la semana pasada.
La representante Sarah Lightner, republicana de Springport, reconoció que pone otra «curita en este tema», mientras que se puede explorar una solución de financiación judicial a largo plazo.
Un grupo llamado Fines and Fees Justice Center rastrea cómo los estados imponen multas y tarifas en los tribunales. La codirectora Lisa Foster dijo que Michigan se destaca porque los jueces que presiden un caso penal también tienen el poder de ordenar sanciones financieras que benefician al gobierno local.
A las personas condenadas por delitos se les puede ordenar que paguen una parte de los salarios del personal y el mantenimiento del edificio. Algunos jueces no lo ordenan.
Desde 2018 hasta 2020, los tribunales de Michigan recaudaron $108 millones en todo el estado, el 75 % de ellos en los tribunales de distrito, que manejan multas de tráfico, casos de conducción en estado de ebriedad y otros delitos menores cometidos principalmente por personas que menos pueden pagar.
