Washington, 3 may (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
Un grupo de 48 legisladores demócratas pidieron este lunes al Comité de Apropiaciones del Congreso un fondo de 75 millones de dólares para los programas federales que dan asistencia legal a migrantes que buscan asilo o encaran la deportación.
“Proporcionar representación en los procedimientos de deportación es más que un asunto legal», afirmó la congresista por California Norma Torres, quien encabeza la gestión, en la carta enviada al citado comité.
«Es un asunto familiar para los seres queridos que están siendo destrozados; es una cuestión de seguridad para los solicitantes de asilo que huyen de la violencia en el extranjero; y es una cuestión moral ya que vivimos de acuerdo con nuestros valores como nación de inmigrantes», ahondó la legisladora.
Los inmigrantes tienen en Estados Unidos derecho al asesoramiento de abogados cuando deben concurrir a los tribunales de inmigración, pero en general el costo de esa asistencia corre por cuenta del ciudadano extranjero.
Debido a que la deportación se clasifica como una sanción civil y no una pena criminal, los inmigrantes no reciben la garantía constitucional del asesoramiento gratuito de abogados y deben pagar para obtener esa asesoría.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), «la falta de asesoramiento legal puede tener un impacto profundo en la posibilidad de que el inmigrante tenga una audiencia justa», lo cual se aplica también a las personas que buscan asilo.
En su carta, los legisladores señalaron que las leyes de inmigración de Estados Unidos son «complejas y causa de confusión, y la consecuencia grave de la deportación cambia la vida para los individuos y las familias».
«Sin asesoramiento legal es casi imposible que las personas que encaran la deportación, y que típicamente no hablan inglés, comprendan el sistema de inmigración cómo pueden apelar a razones humanitarias», explicaron los firmantes.
La Asociación de Abogados de Inmigración de EE.UU. (AILA) indicó que «el tener abogados es uno de los factores mayores que determinan si una persona tiene éxito en su pedido de alivio legal en el tribunal de inmigración».
Los estudios indican que los individuos que cuentan con apoyo de abogados concurren a las audiencias en el 96 % de las citas, lo cual, dice AILA, «limita las demoras innecesarias».
Los legisladores firmantes señalaron que se pondere el pedido de este fondo, en momentos en que el subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de la Cámara de Representantes considera el presupuesto para el período fiscal 2022.
Esto permitirá, dijeron, «expandir los programas federales que ofrecen representación legal a los miles de inmigrantes, personas que buscan asilo, familias y otros individuos vulnerables que encaran trámites de deportación cada año sin el asesoramiento de abogados».
«A pesar del papel crucial del asesoramiento legal, en todo el país más del 40 % de quienes comparecen ante un tribunal de inmigración va sin la representación con abogado, y el 70 % de las personas detenidas encara los trámites sin asesoramiento», añadieron.
