Washington, 2 nov (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Líderes religiosos pidieron hoy al Gobierno de Donald Trump que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira en los próximos meses.
La decisión sobre el futuro del TPS para Honduras y El Salvador debe producirse 60 días antes de que expire, por lo que el anuncio debería hacerse antes del 6 de noviembre.
Pocos días antes de esa decisión, líderes religiosos judíos y católicos han incrementado la presión sobre el Gobierno de Trump para conseguir una prorroga para los miles de beneficiarios del TPS que llevan viviendo en EEUU desde hace dos décadas y han tenido hijos en este país o abierto negocios.
«Para la Iglesia católica se trata de un tema humanitario, no prorrogarlo tendría un gran impacto en las vidas, no solo de los que reciben el TPS, sino de toda la comunidad», dijo hoy durante una conferencia de prensa telefónica el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, que ha abogado en el pasado por una reforma migratoria.
De esa forma, Wenski instó a Trump a pensar en las familias y expresó el rechazo de la Iglesia católica a una política que «debilitaría» la institución de la familia.
La propia Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB), junto a otras organizaciones religiosas, enviaron el lunes una carta a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, para pedirle que extienda el TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador.
«Terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible», sostuvieron en su misiva las organizaciones católicas.
Más allá de la Iglesia Católica, parte de la comunidad judía de EEUU ha expresado su apoyo a los beneficiarios del TPS al considerar que la experiencia de esos inmigrantes es similar a la que vivieron los judíos cuando tuvieron que huir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida.
«Su historia es similar a la de los judíos de EEUU y eso nos hace solidarios con los inmigrantes y con los beneficiarios del TPS. Nuestros ancestros también tuvieron que salir de sus lugares de origen», dijo durante una llamada con la prensa la Rabina Elizabeth Richman, parte de la organización Judíos Unidos por la Justicia.
«Moralmente está mal amenazar con terminar el TPS y enviar a mamás, papás y niños pequeños a situaciones violentas e inestables en sus países de origen», consideró Richman.
Además de presionar al Gobierno, los grupos religiosos están manteniendo reuniones con congresistas demócratas y también con legisladores republicanos moderados con el fin de que estos últimos puedan influir en la decisión del presidente, indicó Kevin Appleby del Centro para Estudios Migratorios.
«Estamos acudiendo a ambos lados del espectro político y también estamos intentando que los republicanos hablen», dijo Appleby.
El TPS para Honduras y Nicaragua finaliza el 5 de enero, por lo que la decisión sobre su prorroga debe producirse antes del 6 de noviembre.
En el caso de El Salvador, el otro país de Centroamérica con TPS, el permiso expira el 9 de marzo, por lo que hasta principios de enero no se producirá una decisión sobre ese amparo migratorio, que Estados Unidos concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Para evaluar el futuro del TPS, el Gobierno de Estados Unidos está en diálogo con los Ejecutivos de los países centroamericanos y también está evaluando las condiciones sobre el terreno.
En concreto, en el caso de Honduras y Nicaragua, Estados Unidos está evaluando cómo ha mejorado o empeorado la situación tras el paso del devastador huracán Mitch, que hizo que el expresidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara un amparo para hondureños y nicaragüenses.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
La decisión sobre el TPS impactará en 86.160 hondureños, 5.350 nicaragüenses y 263.280 nacionales de El Salvador, país que recibió el TPS en 2001 después de una serie de terremotos, según datos facilitados a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
