Opinión por Héctor Loya
A poco más de un mes de la inminente llegada a la Casa Blanca del próximo mandatario norteamericano, el clima en materia migratoria se pone cada día más tenso.
La amenaza de deportaciones masivas de migrantes por parte de la entrante administración de Donald Trump, se convierte en una realidad que debe ser observada por las autoridades de las tres esferas del gobierno mexicano.
En México las autoridades deben estar preparadas a partir del 20 de enero próximo para posiblemente recibir a una gran cantidad de connacionales y de centroamericanos que pudieran ser deportados por la frontera sur de la Unión Americana.
Entre muchas otras cosas, se requiere habilitar un número importante de albergues en los municipios fronterizos. Pero no solo habilitarlos y ocuparlos con centenares de migrantes deportados, sino también dotarlos de suficiente presupuesto para poder hacerle frente a un reto de tal magnitud.
El gobierno mexicano tiene que anticiparse y ser proactivo porque el presidente electo ha dicho que busca llevar a cabo una campaña de deportación masiva una vez que asuma las riendas del país. Aunque ha brindado pocos detalles, Trump ha sugerido que invocará la Ley de Insurrección y la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar una intervención militar en el control de la migración.
Trump también advirtió la posibilidad de deportar a familias completas para no incurrir en la práctica de separación, fuertemente criticada durante su gestión pasada. En esta frontera los albergues para migrantes están a la expectativa por deportaciones masivas y de cómo actuará el Gobierno federal en las fronteras, a pocas semanas de iniciar el gobierno de Donald Trump.
Desafortunadamente, el panorama es incierto pero lo único que sí es claro es que los municipios fronterizos de México seguirán estando a la expectativa de las decisiones del próximo presidente de Estados Unidos y de los acuerdos que tenga con el gobierno mexicano.
