Washington, 29 ene (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, se ha apresurado a firmar alrededor de una decena de órdenes ejecutivas en su primera semana al frente de la Casa Blanca, sin embargo, la ejecución de sus propósitos no será a día de hoy tan sencilla como estampar una rúbrica en un documento presidencial.
Buena parte de los contenidos de dichas órdenes pasan por la colaboración del Congreso, donde los mecanismos de control permitirán a la oposición demócrata trabar algunas de las intenciones del multimillonario.
Asimismo, los Gobiernos locales y estatales, así como los tribunales, pueden suponer un problema para sus aspiraciones.
De hecho, la orden ejecutiva firmada este viernes para combatir el terrorismo yihadista, que suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista, ya se ha topado con una jueza federal.
La magistrada Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictó este sábado que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.
Muy controvertidas han sido también las órdenes en materia migratoria, por las que ha ordenado la «construcción inmediata» del muro en la frontera con México o retirar fondos federales a aquellas ciudades que protejan a inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, la vocación de esos decretos pasa por la connivencia del Congreso, primero para dotar fondos para la construcción del muro, y segundo, para hacer constar en los presupuestos, que dependen de la aprobación del Legislativo, la exención de ayudas a dichas urbes, como Nueva York, Chicago o Los Ángeles.
«El golpe de una pluma en Washington no cambia a la gente de Nueva York ni nuestros valores», dijo el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, el miércoles. «No deportaremos a los neoyorquinos respetuosos con la ley, no vamos a separar familias», aseveró.
En la misma línea respondió el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, quien se enfrentó al multimillonario diciendo que su estado, que cuenta con la mayor economía del país, «no va a ir hacia atrás» en su lucha por los derechos ciudadanos.
El Gobierno de Trump no puede simplemente utilizar fondos federales para pagar los planes de inmigración del presidente.
En primer lugar, el Congreso tiene el poder de designar cómo se deben gastar los dólares de los contribuyentes, y tampoco cuenta con una hucha holgada para destinar fondos alegremente a tales fines dada la gran deuda federal.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, apoya incluir la financiación del muro en los presupuestos, que ha valorado en unos 15.000 millones de dólares, pero la aprobación presupuestaria depende también de los demócratas, aunque no tengan la mayoría en las cámaras legislativas.
«No son todo cosas que necesariamente pueda hacer por su cuenta. En cierto sentido, las órdenes son una combinación de directivas y solicitudes», explicó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya un control más duro de la inmigración en el país.
Expertos en seguridad fronteriza y exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional, así como exasesores legislativos, han indicado que además del costo, la construcción del muro se enfrentaría a problemas de ingeniería, medioambientales, litigios con ganaderos y terratenientes, e incluso problemas geológicos.
«Construir el muro sería una empresa sin precedentes, logística, financiera y de recursos. Y no se va a erigir de la noche a la mañana tampoco. Es un gasto enorme», dijo Joanne Lin, de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).
Aunque debe contar con la aprobación de una partida presupuestaria del Congreso para levantar el muro, Trump ha dejado claro que, pese a que los estadounidenses paguen por adelantado la factura, serán los mexicanos quienes «reembolsen el 100 %».
En este sentido, ha insinuado la posibilidad de imponer un impuesto del 20 % sobre las importaciones procedentes de México para costearlo, algo que no podría hacer dentro del vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que EE.UU. firmó con México y Canadá.
No es ningún secreto que el presidente estadounidense pretende renegociarlo, pero eso tampoco será tan sencillo.
«Un aumento repentino de los costos del comercio es una receta para la desaceleración, y tal vez la recesión, ya que los costos más altos interrumpen la cadena de suministro», explicó el profesor de economía de la Universidad de Michigan Hoyt Bleakley.
«Esto no importa mucho si se aplica a flujos comerciales entre EE.UU. y un país pequeño al azar, pero México está ahora muy integrado en la manufactura de América del Norte. Un gran incremento en el costo de las transacciones transfronterizas haría a muchos de los fabricantes de EE.UU. significativamente menos competitivos tanto en el país como en el extranjero», afirmó Bleakley.
Además, las acciones de Trump pueden encontrar escollos en las cortes, ya que las organizaciones en defensa de los inmigrantes y grupos civiles podrían llevar sus decisiones a los tribunales, como se vio este sábado en el citado tribunal de Nueva York.
