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Los Ángeles, 5 mar (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Un año después de cumplirse el plazo que el presidente Donald Trump dio el Congreso para hallar una salida para los cerca de 700.000 jóvenes indocumentados amparados por la Acción Diferida (DACA), activistas y beneficiados presionan para recuperar la visibilidad y lograr una legalización definitiva.
«No tenemos un futuro. Desde hace un año estamos en una total incertidumbre y necesitamos que el Congreso actúe ya», dice a Efe Leezia Dhalla, soñadora y activista de la organización FWD.us.
Las decisiones de varios tribunales federales devolvió el año pasado la esperanza a los «soñadores» al obligar a la Administración a reinstalar el programa antes de que concluyese el plazo dado por Trump.
Tanto jóvenes como activistas esperaban que el Congreso actuara en el periodo otorgado por el presidente. Sin embargo, la fecha pasó sin pena ni gloria, y el «momento» de estos indocumentados que llegaron al país siendo unos niños fue disminuyendo.
Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), al «plazo se lo llevo el viento, porque ni el presidente ni el Congreso estaban dispuestos a presentar propuestas de ley justas para aliviar el sufrimiento» de estos jóvenes.
Mientras el tiempo fue pasando, otras crisis migratorias como la de las separaciones de familias en el verano de 2018, las caravanas de centroamericanos y la construcción del muro de Trump también apocaron el movimiento y la necesidad de encontrar una pronta solución.
Ante el panorama poco alentador de 2018 los «soñadores» se dedicaron a alentar el voto y detener la «máquina de deportación de la administración Trump», dice Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition.
Pero el activista indica a Efe que ya llegó la hora de los «soñadores» de recordar al Congreso que están en deuda con este grupo.
Dhalla, una candiense que llegó a los seis años a suelo estadounidense y que perderá su empleo el próximo año si el Congreso no actúa, recalca que el «tiempo se acaba para todos los DACA».
La carrera contrarreloj ahora es con la Corte Suprema de Justicia, que verá el tema en octubre y puede invalidar los fallos de las tres cortes federales y el Noveno Circuito de Apelaciones que mantiene vivo el programa.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, estado que lideró a varios otros en el combate legal contra este beneficio migratorio creado por el expresidente Barack Obama en 2012, echó leña al fuego el mes pasado al pedir a un juez federal que anule las protecciones de DACA.
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Angeles (ASOSAL), resalta que su organización está viendo una ola de «soñadores» que buscan renovar el amparo a toda costa.
«La mayoría de personas que hemos ayudado este 2019 son DACA, es algo inusual pero demuestra el temor que hay de que el beneficio se acabe de una vez por todas», advierte.
Las acciones a favor de DACA se han intensificado recientemente y este miércoles un centenar de «soñadores», beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y por el programa Partida Forzada Diferida (DED) impulsarán en Washington las conversaciones sobre un proyecto de legalización permanente de estos tres grupos.
Mientras los «soñadores» tratan de poner nuevamente los focos sobre DACA, la representante federal por California Lucille Roybal-Allard presentará nuevamente el proyecto de ley «Dream Act», que daría protecciones legales permanentes y un camino hacia la ciudadanía a los «soñadores» y los favorecidos por el TPS y DED.
Nancy Pelosi prometió en las elecciones de mitad de legislatura presidencial que DACA sería una prioridad si retomaban el Congreso, cosa que sucedió parcialmente en la cita electoral de noviembre pasado al hacerse con el control de la Cámara de Representantes, pero no así del Senado.
Y, aunque el pulso político por el cierre temporal del Gobierno federal y el intenso debate sobre muro habría retrasado el proyecto, parece que se aproxima nuevamente el debate para aprobar un «Dream Act», iniciativa bipartidista que se presentó por primera vez en 2001 y que daría un camino hacia la ciudadanía a los «soñadores».
«Es ahora o nunca, no le podemos dar más largas a esto», opina Angélica Villalobos, «soñadora» y madre de cinco hijos que reside en Oklahoma.
Por su parte, Cabrera apunta el dedo hacia el Congreso y subraya que mientras que los legisladores no han hecho nada durante el año pasado en el tema migratorio, el presidente y su administración «han firmado orden ejecutiva tras orden ejecutiva que han tenido efectos devastadores en la comunidad inmigrante en el interior del país, así como en la frontera».
«No podemos esperar que el daño sea irreparable», asegura Dhalla, para hacer un llamado a la comunidad inmigrante para que aumente la presión en esta batalla.
«Si nosotros lo logramos, otros también podrán hacerlo», anticipa sobre una lucha que se engloba en una mayor, una reforma migratoria integral que afectaría a los cerca de 10,6 millones de indocumentados que viven en el país, según el Centro de Estudios Migratorios.
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