Los Ángeles (EFE)
Más de 50.000 jóvenes indocumentados que solicitaron por primera vez la protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en los tres meses siguientes a que un tribunal federal permitiera nuevas inscripciones, siguen esperando que se aprueben sus solicitudes. Según los datos revelados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en el segundo trimestre del año fiscal 2021 (enero a marzo de 2021), la agencia recibió 49.921 nuevas solicitudes de DACA.
Mientras, en diciembre de 2020, mes en que un juez federal obligó al Ejecutivo a recibir nuevas solicitudes, USCIS recibió 3.268 peticiones de jóvenes indocumentados que por primera vez buscaban el amparo del beneficio establecido en 2012 por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017). En diciembre se aprobaron 400 de estas nuevas solicitudes y se denegaron 333, lo que equivale a cerca de 22 % de solicitudes revisadas.
El promedio en los siguientes tres meses bajó drásticamente, ya que de las 49.921 nuevas solicitudes recibidas entre enero y marzo de 2021 apenas se aprobaron 763 y se denegaron 180 para un total de 943 trámites revisados, apenas 1,6 % de los casos que se procesaron. Esto sin tener en cuenta los casos rezagados del periodo anterior. Para el 1 de abril había 55.550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse.
Las renovaciones de DACA también están enfrentando graves retrasos en el procesamiento durante el mismo periodo, con aproximadamente 44.000 solicitudes de renovación pendientes en el segundo trimestre del año fiscal 2021. La Administración del presidente Joe Biden ha prometido proteger el beneficio de DACA. Sin embargo, el temor entre los nuevos solicitantes persiste ya que aún se espera que un juez federal emita un fallo en una demanda contra el programa encabezada por Texas y otros ocho estados republicanos.
El fallo se espera desde el 22 de diciembre de 2020, cuando el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, escuchó los argumentos de una demanda que argumenta que el programa es inconstitucional y que Obama rebasó sus poderes ejecutivos. Ante la posibilidad de que Hanen vuelva a rescindir el programa, los nuevos solicitantes enfrentan una incertidumbre similar a la provocada por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), cuando intentó acabar con el programa y no permitió nuevas solicitudes, dejando a miles fuera del beneficio.
