México, 7 nov (ELINFORMADORUSA/EFE).- México seguirá «insistiendo hasta el último minuto» para que se conmute la pena capital contra el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el 8 de noviembre en Texas, dado que en el caso no se siguió «el debido proceso legal», dijo hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada, afirmó en una conferencia de prensa que quedan dos apelaciones pendientes con las que se podría conseguir que la ejecución se retrase.
Ramírez, originario del estado de Guanajuato y de 47 años, fue condenado a muerte en 1998 por el secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, quien entonces tenía 16 años, en 1997.
Un jurado consideró probado que el mexicano y un cómplice, Tony Castillo, entraron por la ventana a la casa de la víctima, en la ciudad de McAllen, se la llevaron, la violaron, la estrangularon y abandonaron el cuerpo en un canal de la vecina localidad de Edinburg.
El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, señaló que en estos momentos hay dos procesos ante la Justicia estadounidense en relación con el caso no resueltos.
El primero está interpuesto ante la Corte de Apelaciones Penales de Texas, para que se revise el procedimiento por el cual se obtuvo la confesión de Ramírez, la cual, según su defensa, fue lograda bajo coacción.
Además, el mexicano pasó 11 días detenido sin que le asignaran un abogado, y no se le informó de que tenía el derecho de llamar al consulado para que se le proporcionara asistencia.
El segundo proceso, «igualmente en esta Corte, es para que revise la negativa de la Corte del Distrito para realizar una nueva prueba de ADN». Con esta segunda estrategia la defensa pretende que se vuelvan a analizar los restos que quedaron en las uñas de Laguna.
«Si estos procesos tienen resultados negativos, nuestros abogados ya están preparados para presentar, en el primer caso, una solicitud de habeas corpus ante la Corte de Apelaciones Federal», señaló Prado.
Asimismo, si la solicitud para una prueba de ADN es rechazada, se acudirá «directamente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos», agregó.
Sada recordó que Ramírez es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuyos casos ordenó revisar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2004, en una sentencia conocida como «Fallo Avena».
A estos presos, de acuerdo con el fallo, se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.
En 13 de los casos incluidos en los 51 del «Fallo Avena», la sanción a pena de muerte ya ha sido revertida.
Respecto al de Ramírez, «no se ha seguido el debido proceso legal y por eso seguimos insistiendo y recurriendo a todos los mecanismos al alcance nacionales e internacionales», sintetizó Sada, quien hace dos semanas se reunió con la familia del mexicano, la cual, aseguró, se encuentra «apesadumbrada».
Actualmente, hay 75 mexicanos en Estados Unidos que se enfrentan a un proceso que podría desembocar en una sentencia de pena de muerte.
El Programa de Asistencia Jurídica en casos de pena capital de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha atendido hasta la fecha 1.150 de estos casos, y en 1.014 de ellos «se ha logrado evitar o revertir la sentencia máxima», aseveró Prado.
Sada matizó que México es «respetuoso del sistema judicial de otros países», y reiteró su intención de seguir colaborando para que se elimine la pena de muerte a nivel internacional.
