Marcellus Williams, cuya condena por asesinato fue cuestionada por un fiscal, murió por inyección letal este martes por la noche en Missouri, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos negara una suspensión.
El hombre de 55 años fue ejecutado alrededor de las 6 p.m. CT en la prisión estatal de Bonne Terre.
Los abogados de Williams habían presentado una serie de apelaciones basándose en lo que describen como nuevas pruebas, entre ellas un supuesto sesgo en la selección del jurado y la contaminación del arma homicida antes del juicio. La familia de la víctima había pedido que se le perdonara la vida al recluso.
La acción de la Corte Suprema de Estados Unidos se produjo un día después de que la Corte Suprema y el gobernador de Missouri se negaran a conceder una suspensión de la ejecución.
El tribunal superior no ofreció ninguna explicación de su decisión, algo habitual en los casos que se tramitan en el expediente de urgencia. En dos de las apelaciones de Williams no hubo diferencias entre los magistrados. En una tercera, las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson dijeron que habrían aceptado la solicitud de suspender la ejecución.
“Esta noche, Missouri ejecutará a un hombre inocente, y lo harán a pesar de que el fiscal no quiere que lo ejecuten, los jurados que lo sentenciaron a muerte no quieren que lo ejecuten y las propias víctimas no quieren que lo ejecuten”, le dijo una de las abogadas de Williams, Tricia Rojo Bushnell, a Jake Tapper de CNN antes de la ejecución. “Tenemos un sistema que valora la finalidad por encima de la justicia, y este es el resultado que obtendremos de eso”.
“Es una novedad para todos nosotros, y creo que debería ser una vergüenza para todos nosotros, el hecho de que tengamos un sistema que permitirá que un hombre sea ejecutado a pesar de todo esto, realmente no es un sistema de justicia”, dijo la abogada, y agregó que miembros del equipo legal de Williams, así como su familia, estarán con él antes de la ejecución.
Williams fue condenado en 2001 por el asesinato de Felicia Gayle, una experiodista que fue encontrada muerta a puñaladas en su casa en 1998.
Recientemente, el fiscal principal del condado de St. Louis se unió a los abogados de Williams para pedir que se revoque la condena después de un nuevo testimonio del fiscal del juicio de 2001 y pruebas de ADN recientes que mostraron contaminación en la evidencia.
El caso pone de relieve la cuestión de la posibilidad de ejecutar a una persona inocente, un riesgo inherente a la pena capital. Al menos 200 personas condenadas a muerte desde 1973 fueron posteriormente exoneradas, cuatro de estos casos fueron en Missouri, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Los abogados de Williams y el fiscal del condado de St. Louis, Wesley Bell, presentaron el sábado un escrito conjunto en el que le pedían a la Corte Suprema de Missouri que envíe el caso de vuelta a un tribunal inferior para una «audiencia más exhaustiva» sobre la moción de Bell de enero para anular la condena y sentencia de Williams de 2001.
La Fiscalía de San Luis, encargada de manejar el juicio contra Williams, argumentó en la moción que las pruebas de ADN del cuchillo utilizado en el asesinato podrían sugerir que Williams no era el asesino de Gayle.
Pero ese esfuerzo fracasó en una audiencia en un tribunal de circuito el mes pasado, después de que nuevas pruebas de ADN revelaran que el arma homicida había sido mal manejada antes del juicio de 2001 de forma que se contaminó la evidencia destinada a exonerar a Williams y complicó el proceso para demostrar su inocencia.
Los abogados “recibieron un informe que indicaba que el ADN del arma homicida pertenecía a un fiscal adjunto y a un investigador que habían manipulado el arma homicida sin guantes antes del juicio”, dijo la rama judicial del estado.
Pero la Fiscalía estatal de Missouri dijo que los nuevos hallazgos de ADN publicados el mes pasado no exoneran a Williams.
“En este caso, una nueva ronda de pruebas de ADN demostró que la oficina tenía razón desde el principio; el cuchillo en cuestión ha sido manipulado por muchos actores, incluidas las fuerzas del orden pública, desde que fue encontrado”, dijo el fiscal estatal Andrew Bailey.
“Además, uno de los propios expertos de la defensa testificó previamente que no podía descartar la posibilidad de que el ADN de Williams también estuviera en el cuchillo. Lo único que pudo testificar fue que suficientes actores habían manejado el cuchillo durante todo el proceso legal como para que el ADN de otros estuviera presente”.
Otras pruebas que ayudaron a condenar a Williams “permanecen intactas”, dijo el fiscal estatal.
“Los objetos personales de la víctima fueron encontrados en el coche de Williams después del asesinato. Un testigo testificó que Williams le había vendido la computadora portátil de la víctima. Williams se le confesó a su novia y a un recluso de la cárcel de la ciudad de St. Louis, y la novia de William lo vio deshacerse de la ropa ensangrentada que llevaba puesta durante el asesinato”, dijo la oficina del fiscal estatal.
Nuevo testimonio del fiscal del juicio
Los abogados de Williams le habían pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspendiera la ejecución, tras citar “evidencia recientemente descubierta (mencionada) en el testimonio del fiscal del juicio” el mes pasado.
Durante una audiencia de moción de anulación el 28 de agosto, un fiscal del juicio de 2001 Williams “admitió que había eliminado (a un potencial jurado del grupo de jurados) porque, al igual que el Sr. Williams, (el potencial jurado) era negro”, escribieron los abogados de Williams en una solicitud de emergencia para que interviniera la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Hubo un componente racial en esto”, dijo el abogado Jonathan Potts en una audiencia en la Corte Suprema de Missouri este lunes. Pero la Fiscalía estatal de Missouri cuestionó esa interpretación del testimonio del fiscal del juicio.
“Dijo que parecían hermanos”, comentó el fiscal estatal adjunto Michael Spillane en la audiencia.
“¿Qué dijo cuando le preguntaron directamente ‘Golpeó a alguien… en parte porque era negro’? Dijo que no, absolutamente no”, dijo Spillane. “Y explicó que eso sería una violación”.
Al final, la Corte Suprema de Missouri decidió por unanimidad no detener la ejecución de Williams porque su equipo «no logró demostrar con evidencia clara y convincente la inocencia real de Williams o el error constitucional en el juicio penal original que socava la confianza en la sentencia del juicio penal original», dice en la decisión del tribunal.
Y “dado que este Tribunal rechaza esta apelación de fondo, la moción de suspensión de la ejecución se declara inoperante”.
El gobernador republicano Michael Parson, quien también tenía el poder de detener la ejecución de Williams, dijo que no intervendría.
“El señor Williams ha agotado el debido proceso y todas las vías judiciales, incluidas más de 15 audiencias en las que ha intentado demostrar su inocencia y revocar su condena”, dijo Parson después de la decisión de la Corte Suprema del estado.
“Ningún jurado ni tribunal, ni siquiera en primera instancia, ni en apelación ni en la Corte Suprema, ha encontrado fundamento en las afirmaciones de inocencia del Sr. Williams. Al final, su veredicto de culpabilidad y su sentencia de pena capital fueron confirmados. Nada de los hechos reales de este caso me ha llevado a creer en la inocencia del Sr. Williams, por lo que su castigo se llevará a cabo según lo ordenado por la Corte Suprema”.
La familia de la víctima apoyó la cadena perpetua
La Fiscalía de San Luis dijo que llegó a un acuerdo con Williams el mes pasado. Según la sentencia por consentimiento –aprobada por el tribunal y la familia de Gayle– Williams se declararía culpable de asesinato según la ley Alford y sería sentenciado nuevamente a cadena perpetua.
Pero la fiscalía general del estado se opuso al acuerdo y apeló ante la Corte Suprema del estado, que terminó bloqueando el acuerdo.
El caso Williams puso a Bell, quien se convirtió en el fiscal principal del condado de St. Louis en 2018 y ahora es candidato demócrata al Congreso, contra el fiscal estatal republicano Bailey, quien busca la reelección.
Bailey luchó contra los esfuerzos de Bell para lograr que se anulara la condena de Williams, y afirmó que los nuevos resultados de las pruebas de ADN no exonerarían a Williams.
La Corte Suprema de Estados Unidos era la última esperanza de Williams
El equipo de Williams presentó una petición de clemencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada, en la que señalaba que el gobernador anterior de Missouri había pospuesto la ejecución de Williams indefinidamente en medio de dudas sobre la integridad del juicio de Williams.
El exgobernador republicano Eric Greitens detuvo previamente la ejecución de Williams y formó una junta para investigar su caso y determinar si se le debía conceder el indulto.
“La Junta investigó el caso de Williams durante los siguientes seis años, hasta que el gobernador Michael Parson terminó abruptamente el proceso”, escribieron los abogados de Williams.
Después de que Parson asumió el cargo, disolvió la junta y revocó la suspensión de la ejecución de Williams, dijeron los abogados del recluso. Esa decisión privó a Williams de su derecho al debido proceso, argumentaron sus abogados.
«Las acciones del Gobernador han violado los derechos constitucionales de Williams y han creado una necesidad excepcionalmente urgente de la atención de la Corte», escribieron los abogados de Williams en documentos judiciales.
Parson defendió su decisión. “Esta Junta se creó hace casi seis años y es hora de avanzar”, dijo Parson el verano pasado. “Podríamos quedarnos y demorarnos otros seis años, postergar la justicia, dejar a la familia de la víctima en el limbo y sin resolver nada. Esta administración no lo hará”.
Pero permitir que Williams sea ejecutado sin más investigaciones socavaría el sistema de justicia penal, dijeron sus abogados.
La Corte Suprema de Estados Unidos “debe intervenir para evitar esta injusticia irreparable”, dijo Bushnell antes de la acción del martes del alto tribunal.
“Missouri está a punto de ejecutar a un hombre inocente, un resultado que pone en tela de juicio la legitimidad de todo el sistema de justicia penal”.
