Los Ángeles, 8 oct (ELINFORMADORUSA/EFEUSA).- Tras el fallo preliminar de un juez que ordena a la Administración Trump mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS), miles de nicaragüenses amparados por el programa esperan que el Gobierno dé las nuevas guías para renovar su permiso de trabajo, que expira en tres meses.
«Voy a perder mi trabajo sino me renuevan el permiso a tiempo y mi jefe no entienden mucho de estas decisiones de los jueces», dijo a Efe la inmigrante nicaragüense María Hernández (nombre ficticio), una de las beneficiadas con este programa.
La zozobra por perder el trabajo a causa de demoras en los trámites rebajó la celebración de más de 5.000 nicaragüenses amparados por el TPS y que el miércoles se vieron favorecidos por la decisión del juez federal Edward Chen, con tribunal en San Francisco (California), que suspendió temporalmente la orden de la Administración Trump de poner fin al programa.
El magistrado puso la responsabilidad en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) de delinear el procedimiento de renovación para los más de 436.000 inscritos originarios de los cuatro países a los que beneficia la orden judicial (El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán).
Por ahora, la agencia informó en su página de internet que pronto entregará las nuevas guías para la renovación y mientras ello ocurre el tiempo discurre para más de mil sudaneses a los que se les vence el permiso de trabajo el próximo 2 de noviembre, así como para los nicaragüenses que tienen hasta el 5 de enero de 2019.
«Me estaba preparando para renunciar, porque ahí son muy estrictos con eso de los papeles. Ahora no sé cuanto más me pueda quedar», reconoce Hernández.
En los últimos 19 años, Hernández y sus compatriotas amparados con el TPS gozaron de periodos de 90 o 60 días, cada 18 meses, para renovar el beneficio.
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo a Efe que los abogados de la organización se preparan para vigilar el proceso que USCIS vaya implementar y que se haga con la mayor rapidez.
«De lo que pueden estar seguros en este momento los tepesianos es que no los pueden deportar. Ganamos un tiempo, pero aún la batalla no está terminada», advirtió Alvarado.
El juez Chen tendrá que emitir una decisión final sobre la demanda en las próximas semanas y aunque el magistrado dijo que la dará a conocer lo más pronto posible podría tardar hasta tres meses.
El Gobierno de Trump, por su parte, ya ha dicho que va a apelar la decisión y de hecho Devin O’Malley, vocero del Departamento de Justicia, aseguró que el fallo «usurpa el poder del Ejecutivo y que la Administración no hizo nada impropio».
Alvarado y sus aliados se preparan para afrontar una pelea como la que se vivió a raíz del veto a los musulmanes, ocasión en la que la Administración presentó varias propuestas hasta que «finalmente Trump logró su objetivo».
«Esto también puede pasar con el TPS», advierte el activista, cuya organización junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lideraron la demanda con el fin de los TPS.
Para el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor en la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), la decisión que USCIS tome con los sudaneses será un buen termómetro para evaluar lo que pasará con los nicaragüenses.
El abogado asegura que USCIS podría extender la validez de los permisos de trabajo por un periodo de seis meses, como lo ha hecho en el pasado, o abrir una nueva ventana de inscripción de 18 meses.
«Otra preocupación es que USCIS cada vez está dando más poder a sus oficiales para el escrutinio de formularios», apuntó Romo.
Organizaciones como ASOSAL están recomendando a los amparados por el TPS, especialmente a los nicaragüenses, tener listos los documentos para una eventual renovación.
Hernández dice que ya comenzó a reunir el dinero y los documentos, y además tiene listo «un plan B», el cual elaboró desde que el Gobierno de Trump no quiso renovar el beneficio de TPS.
«Puede suceder y mejor estar preparados», reconoció.
