Por Joel Morales/GRAND RAPIDS, MI
Un oficial correccional del Condado de Kent, acusado de hurtar dinero en efectivo, como tarjetas de regalo de un recipiente de artículos extraviados y encontrados en la cárcel, se presentó vía ZOOM el lunes 23 de diciembre en la Corte del Distrito 61 en Grand Rapids, para su audiencia preliminar.
Apareciendo en pantalla en una pared del salón de corte de la juez Angela T. Ross, el acusado Saúl Sepulveda solo respondió «si», «si» y «si» cuando la magistrada le preguntó, «¿Has revisado tus derechos con tu abogado? ¿Entiendes estos derechos?» y «¿Comprendes las condiciones especiales de tu fianza personal?
Cuando la juez le preguntó al abogado representante, como deseaba proceder, el abogado, hablando por el sospechoso dijo, «Renunciamos a la lectura de la información», indicando que ya había revisado el caso, entendía su contenido y que no era necesario que se leyeran los cargos formales contra su cliente.
«Está bien, estableceré este asunto. La próxima audiencia será su conferencia personal», dijo la juez, a la vez fijando el examen preliminar del acusado.
En la misma audiencia, la juez Ross también fijó una fianza de reconocimiento personal de $1,000 mil dólares por libertad temporaria bajo condiciones especiales.
«Las condiciones son de que no uses ningún licor embriagador, marihuana recreativa, drogas legales, mal uso de medicamentos recetados y el de no participar en ninguna agresión, ni poseer armas de fuego o armas peligrosas», le dijo la juez.
Los cargos contra Sepulveda se impusieron cuando se descubrió que desapareció dinero del recipiente de artículos extraviados y encontrados, en específico de una billetera.
En un comunicado de prensa la oficina del alguacil declaró: «Este comportamiento no será tolerado en la Oficina del Alguacil del Condado de Kent. Los integrantes de la Oficina del Departamento del Alguacil siguen dedicados a servir y proteger a los residentes del Condado de Kent con integridad».
Al ser hallado culpable, Sepulveda, quien es acusado de robar propiedad personal (dinero en efectivo de una cartera) y lo que se considera «hurto en un edificio», enfrenta una pena de un máximo de cuatro años de prisión y una multa de $5,000 mil dólares.
