Los Ángeles, 27 jul (ELINDORMADORUSA/EFE News).-
La policía que patrulla los ferrocarriles de Union Pacific (UP) acordó terminar la colaboración que tenía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a raíz de las denuncias sobre uso de perfil racial y violaciones a leyes santuario en arrestos hechos por sus agentes, informaron este lunes abogados.
La medida se tomó después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones denunciaron en marzo de 2019 que los policías que vigilan UP habían detenido y arrestado inconstitucionalmente a inmigrantes en función de su raza u origen étnico, y luego los transfirió a la custodia del ICE.
Las personas arrestadas por los oficiales del ferrocarril a menudo fueron detenidas más allá del tiempo normal requerido, permitiendo que agentes del ICE tomaran custodia de los migrantes, una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, advierten abogados de ACLU.
«La colaboración de UP con ICE amenazó a las familias inmigrantes y fue incompatible con la Ley de Valores de California», dijo en un comunicado Jessica Bansal, abogada de ACLU
La nueva política prohíbe a los oficiales de UP utilizar sospechas sobre el estado de inmigración de una persona como un factor para determinar si se le detiene o arresta.
También prohíbe a estos policías preguntar sobre el estado de inmigración, ordenar a una persona que presente documentos que prueben su estatus legal en el país, e iniciar contacto con una agencia federal de inmigración para denunciar a un detenido.
La nueva política también dice que la policía ferroviaria «se negará a participar en cualquier fuerza de tarea conjunta de aplicación de la ley cuyo único propósito sea identificar, detener o deportar» a personas indocumentadas.
La policía de UP ha estado patrullando la propiedad del ferrocarril desde mediados del siglo XIX.
La victoria de ACLU se une a la lograda en febrero pasado, cuando la compañía de transporte Greyhound anunció que no permitiría más el acceso de agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a sus autobuses para realizar controles de migración de rutina a menos que tengan una orden judicial.
La decisión de la compañía se dio tras insistentes llamados de ACLU y defensores de los inmigrantes para que no se permitiera esta práctica.
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