Por Lee Marvin Abogado de Inmigración
na de las muchas cosas que la pandemia de Covid19 ha sacado a la luz es el número de personas que están confundidas, asustadas o que no entienden que ciertos servicios públicos están abiertos a cualquier persona independientemente de su estado civil o su estatus migratorio. ¡No necesita tener residencia para tener derechos!
Muchos inmigrantes indocumentados han sido atropellados por propietarios de negocios, vecinos, familiares e incluso amigos porque la gente sabe que el miedo de ser reportado a ICE y luego deportado es una fuente significativa de vulnerabilidad a un inmigrante indocumentado. Esto hace que las personas no luchen por sí mismas o incluso no pidan ayuda cuando la necesitan. Esto no es nada nuevo y he estado asesorando a clientes y escribiendo artículos sobre esto durante varios años.
La crisis de Covid-19 ha empeorado este problema al aumentar la confusión sobre qué servicios o beneficios están disponibles incluso para los indocumentados sin los riesgos asociados de deportación. Muchos ya saben que desafortunadamente los cheques de estímulo federales no están disponibles para los inmigrantes sin documentos (o sus hijos ciudadanos) y no hay manera alguna de solicitar estos fondos, por lo que no hay riesgo de que un individuo indocumentado obtenga accidentalmente este beneficio y luego esté en riesgo de deportación.
Lo que se suma a la confusión para muchos de mis clientes es que la gente no entiende que hay una diferencia muy grande entre los servicios públicos y la asistencia pública. La asistencia pública es lo mismo que lo que solía llamarse beneficios de bienestar. Estos son programas que dan dinero a las personas de los fondos pagados por los contribuyentes. Estos son los programas que se han convertido recientemente en un problema para los inmigrantes que buscan obtener su residencia ya que la administración de Trump ha hecho cambios a las reglas de cargos públicos bajo la ley de inmigración.
Los servicios públicos son aquellos servicios, instalaciones o instituciones que están disponibles para cualquier persona independientemente de por qué los están buscando o de dónde provienen. Estos están abiertos a cualquier persona que viva en la comunidad o un estado independientemente de por qué esta allí. No importa si alguien nació en la ciudad o el estado, si es de una comunidad cercana o si está en este país como visitante. Ejemplos de servicios públicos comunes son: los tribunales, la policía, el gobierno de la ciudad local, muchas bibliotecas, hospitales y otras organizaciones similares. La mayoría de las personas sin estatus legal tratan de evitar buscar ningún beneficio por temor a ser deportadas.
Aunque puede haber riesgo de que ciertas personas sean descubiertas por inmigración cada vez que entran en contacto con el gobierno, no hay una conexión directa real entre buscar acceso a ciertos servicios públicos y la participación de ICE. Es por eso que me sorprendió escuchar que un familiar de uno de nuestros clientes murió de Covid-19 porque estaba demasiado asustada para buscar tratamiento médico porque pensó que pondría a su esposo en riesgo de ser descubierto por ICE, ya que su esposo tiene una orden de deportación.
Es muy importante que todos sepan que no hay riesgo para cualquier persona que busque tratamiento médico para Covid-19 o cualquier otro problema médico grave. Los hospitales no hacen ninguna pregunta sobre el estatus legal y están obligados por ley a tratar a cualquier persona que acuda a sus instalaciones, independientemente de si tiene seguro médico o no. Incluso si hubiera riesgo involucrado, muchos estarían de acuerdo que primero está la vida.
Si usted o alguien que conoce tiene preguntas adicionales sobre cualquiera de los programas de Covid-19 o cambios en el sistema de inmigración, comuníquese con nuestra oficina al 616-450-2981 para programar una consulta telefónica. Seguimos dedicándonos a ayudar a nuestros clientes en este momento difícil mientras hacemos todo lo posible para prevenir la propagación del coronavirus.
Lee L. Marvin es un abogado especializado en asuntos de inmigración y casos criminales.
