Los Ángeles, 18 jun (ELINFORMADORUSA/EFE News).-
efensores de los derechos de los inmigrantes encontraron en la pandemia de COVID-19 un fuerte argumento para pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un giro total en su política migratoria y que evalúe otorgar un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los indocumentados que se desempeñan como “trabajadores esenciales”.
“Es una medida conveniente para todos, incluso para el Gobierno de Trump, que necesita asegurar la producción alimenticia para todo el país”, dijo a Efe Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem).
BUSCANDO APOYO
La iniciativa ha ido tomando fuerza y sumando apoyos de más de 200 organizaciones a nivel nacional que están convencidas de que «es hora de que la Casa Blanca reconozca el aporte de estos inmigrantes indocumentados” que trabajan en las industrias alimenticia y de limpieza, entre otras. Organizaciones de los estados mexicanos de Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla hacen también parte de los grupos que se unieron al llamado.
Parte de la estrategia llevó a un grupo de activistas a buscar el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que enviaron una carta por medio del Consulado General de México de Los Ángeles.
Moreno asegura que este es el momento preciso en que se necesita el pronunciamiento del mandatario mexicano en favor de los migrantes. “Miles de mexicanos que llevan esperando años por la legalización están en este momento trabajando en el campo estadounidense y en otros sectores vitales, exponiendo su vida ante la pandemia. Es justo que López Obrador se pronuncie a favor de ellos”, insistió el activista
Al respecto, Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA, aseguró a Efe que el apoyo de López Obrador ayudaría a crear un ambiente de confianza en el Gobierno de Trump, ya que el TPS es una decisión ejecutiva.
“Así como Trump firmó una orden ejecutiva en la que obligó a las empacadoras de carne del país a permanecer abiertas diciendo que eran una ‘infraestructura crítica’, para el país así puede firmar este alivio migratorio”, considera.
El programa TPS se creó en la década de 1990 y depende de una orden ejecutiva con la que el presidente otorga el amparo, el cual brinda un permiso de trabajo y un número de seguro social, y protege contra la deportación a los beneficiarios de manera temporal.
Actualmente en el país hay más de 310.000 inmigrantes amparados por el TPS y los contingentes mayores son casi 200.000 salvadoreños, 57.000 hondureños y 46.000 haitianos, que llevan más de una década con el beneficio.
Sin embargo, la Casa Blanca puso en la mira a estos inmigrantes anunciando el fin del programa. Tras varias demandas el Gobierno se vio obligado a extender hasta 2021 el beneficio.
EL COVID-19 OBLIGA A CAMBIOS
Gutiérrez asegura que la emergencia sanitaria desatada por la COVID-19 obligará a la Administración de Trump a cambiar sus políticas migratorias, especialmente con los trabajadores esenciales, incluso cuando los niveles de desempleo alcanzaron grandes récords.
“Los indocumentados están haciendo el trabajo que los estadounidenses no quieren, y el Gobierno lo sabe. Además no es tiempo para estar experimentando”, matiza el activista.
Gutiérrez se refiere a las destrezas que tienen trabajadores en industrias como las procesadoras de carne, la agricultura y la limpieza. “Destazar un animal no es un trabajo fácil. Ningún patrón va a querer cambiar a sus empleados experimentados por gente nueva. Seamos honestos: muy pocos americanos (estadounidenses) quieren esos trabajos”, señala.
Los activistas enviaron una carta a Trump con la propuesta que cobijaría a unos tres millones de trabajadores indocumentados. El pedido detalla que el amparo migratorio debería otorgarse a estos “trabajadores esenciales” por lo menos para un periodo de tres años.
EL CASO DE CANADÁ
Los activistas también hicieron referencia al Gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que este martes se mostró dispuesto a conceder la nacionalidad canadiense a miles de trabajadores temporales, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, que acuden cada año al país a laborar en explotaciones agrícolas.
«Sabemos que hay muchos problemas con las condiciones de vida, que los trabajadores están vinculados con compañías concretas, y problemas con estándares laborales. Podemos también mirar formas de conseguir la ciudadanía, que puede dar a los trabajadores más derechos», dijo el primer ministro en rueda de prensa.
Trudeau se pronunció así después de que dos trabajadores agrícolas mexicanos muriesen en Canadá tras contraer COVID-19, y de que cientos de temporeros hayan resultado infectados con la enfermedad en las explotaciones agrarias donde trabajan.
“No estamos pidiendo algo que no vaya de acuerdo con las necesidades que exige esta pandemia. Esto (la emergencia) aún no tiene una fecha para terminar y es hora de dar una solución; la vía más fácil y segura es el TPS”, puntualizó Moreno.
